Caso Purga: Chats revelarían que juez solicitó el ingreso de un hijo a la Función Judicial del Guayas a cambio de su decisión en caso Banco del Pacífico

Las irregularidades en la concesión de un habeas data mediante el cual el hoy exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo M. y su esposa, Mónica A., recibieron, por daños y perjuicios, de parte del Banco del Pacífico cerca de $ 4 millones, es uno de los seis hechos que analiza la Fiscalía General del Estado, a través del despacho de su titular, Diana Salazar, dentro de lo que hoy se conoce como el caso Purga.La fiscal general, durante la audiencia de formulación de cargos contra doce procesados por delincuencia organizada, la cual se dio entre el 4 y el 5 de marzo últimos, resumía así el hecho investigado: “Le otorgan un crédito a la cónyuge de Pablo M. y a él por $ 383.000. No pagan la deuda. Les cobran, pero hacen registrar unas notas de crédito aparentemente adulteradas mediante el abuso de un habeas data y resulta que quien debía recibir el pago termina siendo el deudor y es obligado a pagar $ 3′983.040″.Bajo esa línea de investigación, varios jueces del Guayas que conocieron el caso en distintas etapas habrían cometido irregularidades. Entre ellos estaría el juez de la Unidad Penal Norte II de Guayaquil Reinaldo C., uno de los doce investigados en el caso Purga y quien el 5 de noviembre del 2020 acogió la pretensión de los demandantes.Para la Fiscalía, él habría sido quien dispuso al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago aparentemente falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados. Esta acción se habría dado a cambio de una recompensa: cuatro días después de haber emitido la última resolución de ejecutoría en esa sentencia, en el año 2023 fue designado como juez provincial del Guayas.La designación habría llegado pese a que no cumplía los requisitos para dicho cargo, no solo por haber sido anteriormente destituido de su función como juez, sino también por mantener varios sumarios administrativos abiertos.El Banco del Pacífico apeló la decisión de Reinaldo C. y, a decir de Fiscalía, la acción recayó en conocimiento de otros de los integrantes de la estructura del caso Purga: Johann M., Guillermo V. y Víctor V., jueces que terminaron ratificando la sentencia de su inferior. El banco, ante las ilegalidades en este proceso de habeas data, decidió interponer un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica A. y Pablo M.Esta demanda recayó en conocimiento de la jueza civil Silvia O., quien decidió declararla sin lugar. No obstante, el Banco del Pacífico apeló esta resolución, siendo el tribunal conformado por Alfonso O., Nelson P. y Alberto L., los dos últimos procesados en el caso Purga. Por medio de un voto de mayoría de los jueces Nelson P. y Alberto L. se decidió rechazar el recurso presentado y ratificar la decisión de la jueza de primer nivel.Hoy, por las transcripciones de conversaciones encontradas en el teléfono de Mayra S., asesora de comunicación de la jueza Fabiola G. y luego comunicadora institucional de la Corte del Guayas, se conoce que el juez penal Alberto L. habría solicitado algo a cambio de emitir su voto a favor de los intereses de uno de los líderes de la organización, Pablo M., en el caso Banco del Pacífico.En un documento policial que es parte del expediente y que se titula ‘Verificación de la información, parte de información sobre el evento 2: Banco del Pacífico, sorteos, troll center’, se puede leer: “Del contexto del análisis de la comunicación se puede interpretar que el juez Alberto L. se haría cargo de llevar el juicio número (...) a cambio de que la presidenta de la Corte Provincial de Guayas le ayude con un puesto de trabajo para su hijo (...), verificando que posterior ingresó a laborar en la Función Judicial, con relación de dependencia laboral en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ)”.La conclusión parte de varios mensajes enviados el 6 de septiembre de 2023 por el juez Alberto L. a Mayra S. Inicialmente se ve una foto en la que se hace notar la causa del caso Banco del Pacífico que tiene al juez Alberto L. como ponente e inmediatamente se envía otro mensaje con una hoja de vida de quien aparentemente es el hijo del juez penal. El PDF enviado va con un mensaje de Alberto L.: “Gracias, Mayrita, ayúdeme con eso”.Para el 15 de septiembre de ese mismo 2023, el juez Alberto L. le vuelve a enviar un mensaje a la asesora de Fabiola G. diciéndole: “Mi estimada Mayrita, no se olvide de mi retoño”. Poco después Mayra S. le responde al juez: “Holiii, ya está pasado, hay que esperar a fin de mes que aprueben de Quito”.El 2 de octubre siguiente, Mayra S. le señala por mensaje al juez Alberto L. que le han dicho que no le aseguran la contratación “porque por el apellido eso va a traer problemas”, aparte de que aún no tienen todas las vacantes. Independientemente de ese mensaje las autoridades mantienen la certeza de que la entrega del cargo se concretó y está relacionado con la decisión que tomó el juez respecto del caso Banco del Pacífico.En un primer momento, el ponente del caso habría sido el juez Ulises Manuel T., quien no aceptó ser parte de la estructura. Por este motivo, explicó la fiscal Salazar, Pablo M. habría solicitado a la presidenta Fabiola G. y a Mercedes V., quien a la fecha se desempeñaba como directora provincial del CJ del Guayas, que por medio de un traslado administrativo se cambie al juez Ulises Manuel T. a otra sala de la Corte del Guayas.De esa forma, sostiene la teoría de Fiscalía, se habría colocado a uno que sí le copiaba a la organización: al juez Alberto L., quien fue movido únicamente para ratificar la decisión contra el banco, aclaró Salazar. (I)

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