A solo días de que se completen los tres meses iniciales definidos para la etapa de instrucción fiscal dentro del caso Purga, la fiscal general Diana Salazar pide al juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fije fecha y hora para que se recepten los testimonios anticipados de Daniel Salcedo Bonilla y de Mayra Salazar Merchán. Ambos son procesados en el caso Metástasis, pero para Purga asistieron como testigos.

La solicitud de Salazar, hecha la tarde de este lunes 27 de mayo, llega después de que el empresario guayaquileño, el 6 de mayo pasado, y la comunicadora de 36 años de edad, el 23 de mayo último, rindieron versión libre y voluntaria en el caso Purga, proceso penal en el que se investiga a doce personas por el delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía dentro del caso Purga investiga a un “grupo criminal” que en la dirección tuvo al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y al juez penal Johann M. La estructura habrían buscado influir en el sistema de justicia del Guayas para obtener fallos en casos que eran de su interés y dejaban no solo recursos económicos sino también materiales.

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Tanto de Salcedo como de Salazar, la fiscal general dice que son ciudadanos ecuatorianos mayores de edad que actualmente se encuentran ingresados en calidad de testigos en el Sistema de Víctimas y Testigos, manejado por la Fiscalía General del Estado.

Daniel Salcedo en su versión de inicios de mayo dijo sobre el caso Purga que esta es una trama de corrupción por parte de la Corte Provincial del Guayas a la que muchas personas han sido expuestos “porque para suspender audiencias o manejo de sentencias nos han cobrado valores y sumas entregadas y solicitadas en efectivo para poder conseguir dichas cosas”. El procesado en Metástasis, causa en la que pide acogerse al procedimiento abreviado, hablo de los costos que tenían en la Corte del Guayas el conseguir sentencias y diferimientos.

Alias El Bello, como se le conoce en los chats del caso Metástasis a Salcedo, sostuvo en su versión que con el pasar del tiempo se dio cuenta que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo “eran las flechas” para poder manejar a los jueces y conseguir sentencias y diferimientos en Guayas. Salcedo incluso recordó que les habría solicitado ayuda a ambas funcionarias judiciales para el caso de su hermano Noe, quien estaba siendo juzgado en la Corte Provincial del Guayas.

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En cambio, a finales de marzo pasado, Mayra Salazar, comunicadora institucional de la Corte del Guayas cuando Gallardo la presidía, en su testimonio anticipado en el caso Metástasis se refirió al líder de la estructura investigada en Purga: Pablo Muentes. De él dijo que se había adjudicado de forma irregular tierras en la provincia del Guayas, ejercía control sobre la justicia de esa provincia y manejaba a la mayoría en el Consejo de la Judicatura (CJ) presidido por Wilman Terán.

Días después de ese testimonio se produjo el cambio de cárcel de Muentes. Pasó de una celda en el Centro de Privación De la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, a otra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

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De la versión rendida por Mayra Salazar por más de doce horas en Quito, el jueves 23 de mayo pasado, aún no se conoce su contenido. Justamente información encontrada en el teléfono celular de Mayra Salazar, dentro una pericia en el caso Metástasis, generó allanamientos, detenciones y el posterior inicio de una instrucción fiscal que arrancó con doce sospechosos el 5 de marzo pasado.

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Salcedo en su relato afirmó que los hechos que va a contar son parte de casos de conmoción social y por ello teme por su vida. Dijo estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía General, no solo en este caso sino en otros casos, para que así la justicia pueda contar con su apoyo e información.

Los procesados en el caso Purga fueron detenidos en un operativo en el que se dieron 43 allanamientos en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas, y en la provincia de Pichincha, la madrugada del 4 de marzo último.

Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de la CNJ dispuso prisión preventiva para Muentes, Fabiola Gallardo, los jueces Johann M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A. Para el juez Reinaldo C. se dictó arresto domiciliario, mientras que para Mónica A., esposa de Muentes, y el funcionario judicial Saúl M. presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país. (I)

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