Cinco ‘eventos’ relatados en la audiencia del caso Purga revelan, para la Fiscalía, la ‘contaminación’ del sistema de justicia en Guayas

Para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el caso Purga evidencia la contaminación del sistema de justicia en la provincia del Guayas desde las más altas esferas de la política legislativa, la cual, asegura, puso a sus funcionarios judiciales a su servicio y a los del narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del país.“ Durante los años 2022 y 2023 los hitos más dramáticos, escandalosos y absurdos sobre decisiones judiciales que mantenían en asombro a toda la sociedad han tenido lugar en la provincia del Guayas y ahora vamos a evidenciar que no era una casualidad que esa provincia sea el epicentro de la desnaturalización y abuso del derecho”, anotaba Toainga mientras daba a conocer al juez de la Corte Nacional Javier de la Cadena los hechos ocurridos dentro del caso en el que se procesa a 23 personas.Poco antes, el subrogante de Diana Salazar, en el cuarto día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de Purga, emitió un dictamen acusatorio en calidad de líderes de esta red de corrupción contra el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes , la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo, el hoy exjuez penal del Guayas Johann Marfetán y la exdirectora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas Mercedes Villarreal.Según la Fiscalía, el exasambleísta Muentes habría estado en la dirección de la “organización delictiva”, mientras que Gallardo, Villarreal y el entonces juez penal Marfetán se habrían encontrado en el nivel de la planificación.Los 19 procesados restantes recibieron un dictamen acusatorio como autores directos del delito de delincuencia organizada en calidad de cómplices, como lo define el segundo inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En esa lista están la esposa y el primo de Muentes, Mónica A. y Fausto A., respectivamente, los excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Juan Xavier R. y Freddy José J., el expresidente de la Corte del Guayas Hugo G., la abogada y exasesora legislativa de Muentes Tatiana V. y otros exjueces y exfuncionarios judiciales en la jurisdicción del Guayas.“En nuestro país persiste una forma irregular de hacer política, caracterizada por la intromisión indebida de los poderes públicos, legislativo y judicial, cuya gestión, entre ellos, ha mantenido a la sombra hasta el día de hoy, pues se ha utilizado a la justicia una vez más como un eslabón de la intromisión de grupos de delincuencia organizada, que convierten a la ley en su moneda de cambio para obtener réditos tanto económicos como políticos, privando a todos los ecuatorianos, y sobre todo a los habitantes de la provincia del Guayas, a una verdadera independencia judicial que es como se merece”, sostuvo Toainga.El fiscal general subrogante aclaró a la sala que los hechos que explicará en este caso tienen relación con cinco situaciones, que las definió como eventos: evento Banco del Pacífico, evento Tierras, evento Cuerpo de Ingenieros, evento Acciones Administrativas y evento GDO (grupos de delincuencia organizada).Para Toainga, cada uno de estos hechos evidencian situaciones ilícitas en las que operaron conjuntamente los líderes, dando disposiciones de acuerdo con los intereses en juego, y los cómplices, quienes tenían la labor de ejecutar acciones que permitieran que el objetivo definido se concretara.Al explicar los eventos definidos, ya casi en la parte final de cada uno de ellos, el fiscal subrogante llegaba a ciertas conclusiones o cuestionamientos, como, por ejemplo, por qué un asambleísta como Pablo Muentes financiaba la operatividad de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas asumiendo gastos particulares, el pago del sueldo de Mayra Salazar, los cuales no le correspondían por sus funciones en el Poder Legislativo.Aclaraba que el proceso de habeas data no es el único trámite judicial atribuible a la organización por la cual se buscaban beneficios de carácter económico, sino que la misma dinámica se replicó en otros escenarios, como en la apropiación ilegítima de tierras, en donde los beneficiarios fueron, por casualidad, la familia Muentes Alvarado“Por medio de un habeas data correctivo, una jueza dispone rectificar la información catastral contenida en archivos públicos, eliminando los mismos, y de esta forma entregar terrenos a favor de la familia Muentes Alvarado. Y más aún, se trató de disfrazar la supuesta licitud conformando un fideicomiso, que para variar los beneficiarios finales son los hijos de los procesados Pablo Muentes y Mónica A. Todo ello gracias al control que el grupo delictual mantenía en la administración de justicia en la provincia de Guayas”, sostuvo en su acusación el fiscal subrogante.“Una entidad pública pagando favores materiales a cambio de obtener fallos judiciales”.“Herramientas de orden administrativo se utilizaban también para separar a funcionarios judiciales que no se alineaban a las pretensiones ilegales del grupo delictual”.“La visión del grupo delictual se proyectaba a mantenerse en el tiempo, buscando el control de la siguiente administración de la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas”.“Esta estructura delictiva pretendía continuar utilizando a la administración de justicia como una herramienta para beneficio privado y no solo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico”.“Si bien el manejo de la justicia de la mano de la política ya es cuestionable, usarla para beneficiar al narcotráfico devela el estado actual de postración al que ha sido conducida la administración de justicia”.“Se verifica nuevamente la relación tripartita entre la política, la justicia y el narcotráfico, pues el ciudadano José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito , líder del grupo delictivo Los Choneros, encontró en los miembros de esta organización los aliados perfectos para beneficiarse a través de decisiones judiciales en la Corte Provincial de Justicia del Guayas”.El fiscal Wilson Toainga terminó el relato de los “eventos” del caso Purga asegurando que hechos narrados se subsumen en el delito de delincuencia organizada, tipificado y sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal.Para él resulta evidente la conformación de un grupo delictivo estructurado de más de tres personas, quienes por medio de su liderazgo, planificación y gestión controlaron el tema de justicia en la provincia del Guayas, todo gracias a la colaboración de funcionarios judiciales y terceros que obedecían a sus intereses, incurriendo además en la planificación y comisión de delitos de prevaricato, tráfico de influencias, cohechos agravados, fraudes procesales, entre otros. (I)

Cinco ‘eventos’ relatados en la audiencia del caso Purga revelan, para la Fiscalía, la ‘contaminación’ del sistema de justicia en Guayas

Consejo de la Judicatura se quedará con tres vocales prorrogados y no se divisa cuándo se elegirá a sus reemplazos

Liga2, un nuevo caso de corrupción que revela la fragilidad institucional en la que vive el Ecuador

El caso Purga y el resto

Mayra Salazar es denunciada por perjurio por el primo de Pablo Muentes, quien fue sobreseído en el caso Purga

Gobierno reacciona ante la sentencia del caso Purga: La era de los intocables ha terminado

Al tribunal del caso Purga le extrañó que Mayra Salazar no haya sido procesada como parte de la cúpula junto con Pablo Muentes y Fabiola Gallardo

Guillermo Lasso asegura que la aprobación de una posible venta militar con Estados Unidos es consecuencia de un acuerdo firmado durante su gobierno

Estos son los 130 legisladores provinciales elegidos en las urnas el pasado 9 de febrero

Propuestas para IESS: entre la seguridad social universal y el plan de pagos de la deuda del Estado

Gobierno resalta que Ecuador está en el nivel más bajo en el rango de aranceles anunciados por Donald Trump

Luisa González dice que priorizará a personas capacitadas más allá de afinidades políticas

Asamblea Nacional va tomando forma con los primeros 136 asambleístas electos a los que se adjudicaron escaños

Elon Musk se defiende: asegura que envió 2,5 millones de dólares de manutención a Ashley St. Clair sin estar seguro de su paternidad

‘En caso de extradición, hará que colabore para iniciar acciones contra sus asociados’, sostienen especialistas por investigación contra ‘Fito’ en Estados Unidos

Petróleo de Texas cae un 6,64 % por temor a guerra comercial tras aranceles de Estados Unidos

Estos son los 130 legisladores provinciales elegidos en las urnas el pasado 9 de febrero

¿Los senderos seguros en Quito influyen en reducción de delitos?

Lo último

Según trabajadores del trole, hay múltiples novedades en nuevas unidades eléctricas

Guillermo Lasso asegura que la aprobación de una posible venta militar con Estados Unidos es consecuencia de un acuerdo firmado durante su gobierno

Universal confirma la secuela de acción real de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ para el 2027

‘Five Nights at Freddy´s 2′ muestra el primer tráiler oficial en la CinemaCon 2025

Lluvia en Guayaquil: negocios y viviendas de Samanes afectados por inundación

Elon Musk se defiende: asegura que envió 2,5 millones de dólares de manutención a Ashley St. Clair sin estar seguro de su paternidad

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas