Caso Liga2: exconsejera Yadira Saltos no asiste a su versión y Daniella Camacho es ratificada como jueza de la causa

Con doce votos a favor, el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decidió que la jueza penal Daniella Camacho sea quien continúe en conocimiento del proceso penal por el delito de asociación ilícita dentro del caso Liga2. Solo dos integrantes del pleno que estuvieron presentes votaron en contra de la resolución adoptada el jueves 3 de enero pasado.

Para resolver el “conflicto de competencias negativo” generado se tomó como base el informe realizado por el también magistrado de la CNJ Felipe Córdova. Él fue quien analizó el “conflicto de competencias” existente entre los magistrados penales Marco Aguirre y Daniella Camacho, situación que momentáneamente frenó la tramitación del caso Liga 2.

El tema fue puesto a consideración de la presidencia de la CNJ y fue el pleno del organismo el que resolvió, por sorteo, que Córdova sea el magistrado que analizará el posible conflicto y presente un informe con su propuesta para el conocimiento y aprobación del pleno.

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El “conflicto de competencias negativo” nació en que el conjuez Aguirre se inhibió de seguir conociendo la causa de Liga2. Él fue quien dirigió, el 15 de marzo pasado, la audiencia de formulación de cargos contra los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) relacionados con el correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor y la actual consejera del CPCCS Nicole Bonifaz, a quienes la Fiscalía los acusa de ser autores directos del delito de asociación ilícita.

El conjuez fue quien dio inicio a la instrucción fiscal de 90 días en el caso Liga2 y dispuso para los cuatro procesados las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Lo hizo pues, al día de la diligencia, el conjuez estuvo a cargo del despacho de la jueza Camacho. Ese encargo habría concluido el 19 de marzo siguiente, por lo que Camacho, a decir de Aguirre, debía retomar el conocimiento de la causa para la que fue sorteada en enero de 2025.

Desde el lado de Camacho, la fundamentación era contraria a la de Aguirre, pues indicaba que debe ser el conjuez quien debe continuar sustanciando el caso Liga2.

Una vez superado el “conflicto”, la jueza Camacho tiene vía libre para dar paso a los pedidos que ha realizado dentro de la etapa de instrucción fiscal Diana Salazar, la fiscal general. Entre ellos están, por ejemplo, las autorizaciones judiciales para la preservación de 134 hipervínculos de redes sociales y para realizar el peritaje forense al celular retenido en territorio estadounidense al exconsejero e integrante de la llamada Liga Azul Eduardo Franco Loor, y entregado a la justicia ecuatoriana.

Por otra parte, dentro de la convocatoria hecha para rendir versión vía Zoom el pasado jueves, 3 de abril, para las procesadas Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, solo esta última se hizo presente en la versión libre y voluntaria. Saltos no se habría conectado.

Para este viernes, 4 de abril, se llamó a rendir versión a los también exconsejeros procesados en Liga2 Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor. Aún no se conoce si Verduga, quien debía versionar vía Zoom a las 09:00, lo cumplió.

Fiscalía también sigue a la espera de que se le informe del cumplimiento o no de las medidas no privativas de la libertad, es decir, presentación periódica dispuesta el 15 de marzo último contra los cuatro procesados. De lo que se conoce, solo Bonifaz y Fanco Loor cumplieron con la presentación el pasado lunes, 31 de marzo. Sobre Augusto Verduga y Yadira Saltos las autoridades tendrían la constancia de que salieron hacia Colombia antes de la formulación de cargos, el primero a finales del pasado enero y la segunda el 4 de marzo último.

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El incumplimiento de la presentación periódica impuesta contra Saltos y Verduga abriría la puerta para que la Fiscalía General solicite una audiencia para que se revise la medida cautelar definida en la formulación de cargos.

Según Fiscalía, información existente en el expediente revelaría la “planificación” y “estrategias delictivas” puestas en marcha desde el CPCCS para hacerse del control de la institucionalidad del Estado ecuatoriano. La acusación se basa en buena parte en el informe de los chats obtenidos en los dos teléfonos celulares de Verduga, los cuales fueron incautados durante el allanamiento al Consejo de Participación, el pasado 24 de enero, ingresados en cadena de custodia y periciados. (I)