Caso Gabela: después de la disolución de la Asamblea Nacional fluyó la entrega de información a la comisión gubernamental que reconstruye el tercer producto

Luego de la disolución del pleno de la Asamblea Nacional fue que la Comisión de Coordinación para la reconstrucción del Tercer Producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, pudo acceder a la información sobre este caso que se trató en una Comisión Multipartidista creada en el 2018 y que reposaba en los archivos de la función Legislativa.

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Por disposición de la Corte Constitucional (CC) se ordenó al Gobierno nacional crear una Comisión de Coordinación que se encargue de reconstruir el Tercer Producto, que desapareció de los registros públicos y que fue parte de una investigación no judicial que se hizo en el régimen de Rafael Correa en el 2013, a través de un denominado Comité Interinstitucional.

Este Comité contrató los servicios forenses del argentino Roberto Meza Niella, que elaboró tres expedientes. En el tercero, había concluido con los nombres de los presuntos autores intelectuales del asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela en el 2010, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones que a la actualidad están obsoletos.

Esta instancia -que la presidió el extinto Ministerio de Justicia- concluyó que el asesinato de Gabela se dio en el contexto de un delito común y no por las denuncias relacionadas con la compra de los helicópteros. Esto, pese a que Meza había señalado que el crimen se relacionaría con la delincuencia organizada.

En el trámite de una acción extraordinaria de protección, la Corte coligió en un fallo del 17 de febrero, que se violó el derecho a la verdad de su viuda Patricia Ochoa y de su familia y para resarcirla dispuso el cumplimiento de cinco medidas de reparación integral. Una de ellas, la reconstrucción de este tercer producto a cargo de esta Comisión.

La Comisión que creó el primer mandatario Guillermo Lasso, integrada por el académico, Arturo Moscoso; la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y, el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, gestionó el regreso de Meza al Ecuador para que elabore ese informe y requirió a varias instituciones del Estado los documentos que involucraron el trabajo del extinto Comité Interinstitucional.

Entre estas de la Asamblea Nacional que, en el 2018, creó esta ‘Comisión Multipartidista para recopilar y analizar la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela’.

La actual Comisión había solicitado esa información a la Asamblea durante la presidencia de Virgilio Saquicela, pero la respuesta había sido que en sus archivos no hay un Tercer Producto, según comunicó el presidente Arturo Moscoso a la Corte Constitucional.

No obstante, días después de la disolución del pleno de 137 asambleístas por grave crisis y conmoción interna resuelta por Guillermo Lasso el 17 de mayo pasado, la Comisión gubernamental empezó a recibir los documentos de aquella Comisión política.

En un oficio de fecha 28 de abril de 2023, se responde a Arturo Moscoso que en los archivos de la Asamblea Nacional no hay un “tercer producto”.

En ese momento, la Función estaba presidida por el exlegislador Virgilio Saquicela y por su intermedio se respondió a Moscoso: «Revisada las actas de transferencia documental de la Secretaría General y la Comisión Multipartidista para el análisis de la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, entregadas al Archivo General, no consta ningún documento denominado ‘tercer producto pericial’ dentro del expediente entregado por la indicada Comisión Multipartidista a la Secretaria General de la Asamblea Nacional”.

Incluso, se adjuntó un documento enviado a la Asamblea en julio de 2018 cuando César Litardo era su presidente, en el que el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que “no existe ningún documento denominado Tercer Producto con firmas o sumillas de Roberto Meza Niella, tampoco constan ampliaciones ni anexos”.

En declaraciones de prensa, Jeannine Cruz recordó que en el 2018, de la Comisión Multipartidista, de la que ella fue parte cuando era asambleísta, quedaron entrevistas, videos, comparecencias de exgenerales de las Fuerzas Armadas, documentos…, pero que cuando solicitaron a la Asamblea esa información, les respondieron que «no hay documentación que repose en la Asamblea».

Fue después de la disolución de esa Función, que los administradores a cargo se habían comunicado con los comisionados para informarles que sí hay documentos en sus archivos, según conoció este Diario.

Con oficios remitidos a la Comisión de Coordinación entre el 30 y 31 de mayo y el 6 de junio del 2023 desde la Asamblea informaron de la existencia de 23 actas de las sesiones de la Comisión Multipartidista, un informe final de 65 hojas y otro de minoría de 46 hojas; además, de 20 cajas de resguardo documental físico y 26 archivos multimedia.

Esta documentación se sumaría a otras 18 cajas de información con un total de 26.444 hojas que contenían documentos relevantes y también irrelevantes de las instituciones del Estado que conocieron sobre esta indagación forense; otros 50 discos compactos, unos mal grabados, otros vacíos y algunos con contraseñas que imposibilitaron el acceso a su contenido.

De estas 18 cajas, doce provenían del Ministerio de la Mujer, que heredó la documentación de lo que fue el Ministerio de Justicia, que presidió el Comité Interinstitucional que creó Correa.

Sin embargo, en ninguna de esas doce cajas se encontró alguna versión del informe final o tercer producto que elaboró el perito en el 2013, cuando fue contratado con ese propósito, informaron la Comisión y el perito el 1 de junio de 2023.

Con esos respaldos documentales, Roberto Meza inició la reconstrucción del tercer producto y la Corte Constitucional le otorgó 90 días más para hacerlo, ya que el 17 de mayo pasado se consumó el primero plazo de 90 días.

Debido a los trámites administrativos, la Comisión no se ajustó a estos tiempos que dieron los jueces constitucionales, por lo que Arturo Moscoso pidió una modulación del fallo solicitando la ampliación.

La Corte accedió a dar 90 días más y de forma paralela inició el seguimiento a su sentencia del 17 de febrero de 2023.

Por ejemplo, declaró que las instituciones sobre las que exigió acciones, se ha cumplido con la creación de la Comisión de coordinación con Meza y la presentación de disculpas públicas a Patricia Ochoa y su familia en un acto público que se realizó el 17 de marzo.

Observó como un cumplimiento «defectuoso» la difusión de las disculpas públicas a través de la página web de la Presidencia de la República, pues aparecía un error que no permitía el acceso y ordenó que se corrija en diez días.

Sobre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura vio un cumplimiento tardío en la difusión de su fallo. (I)