Aún es incierto el inicio de la construcción de las nuevas cárceles en Pastaza y Santa Elena

No hay certeza de cuándo se iniciará la construcción de las nuevas cárceles del país. El 4 de enero el presidente Daniel Noboa ofreció que la segunda semana de este mes se pondría la primera piedra de uno de los complejos y que también se firmaría el contrato con la empresa contratista; sin embargo, han transcurrido más de dos semanas y todavía no hay definiciones concretas.

El 11 de enero no se colocó la primera piedra como se prometió. En su lugar, el presidente en un video enseñó los diseños aprobados de las cárceles que se levantarán en Pastaza y Santa Elena.

Explicó las características que tendrán, pero no dijo cuándo empezará la construcción, no precisó el monto de inversión, ni de dónde saldrán los recursos. Estos datos siguen sin ser anunciados hasta el momento.

Cada uno de los nuevos centros de rehabilitación social tendrá capacidad para custodiar a 736 personas privadas de la libertad (PPL), en tres módulos de seguridad: alta, máxima y supermáxima.

La última declaración que hizo el mandatario sobre el tema fue el 22 de enero, en una entrevista en Teleamazonas. Recordó que el diseño está hecho y aseguró que las compañías con las que se ha hablado “están listas”, que se están terminando detalles de los procesos.

“Estamos avanzando. Estamos en proceso de terminar los detalles, para empezar a construirlas. Esto no se puede retrasar”, mencionó y reiteró que la construcción tomaría alrededor de diez meses.

Noboa argumentó que con los nuevos complejos se eliminará el hacinamiento y se podrá reorganizar a la población carcelaria, para que “puedan tener sus derechos protegidos, pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por uno o dos cabecillas de esos grupos narcoterroristas”.

También habló de reformar completamente el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que debería haber presencia permanente de los militares en el sistema penitenciario.

En otros espacios Noboa ha dicho que los diseños de los recintos se hicieron con cooperación israelí y que la cárcel de Santa Elena se ubicará en la parroquia Julio Moreno.

En cuanto al financiamiento, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, indicó a este Diario que una posibilidad sería a través de bonos de deuda interna. La alternativa fue planteada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dijo Palencia.

Fuera de esos datos compartidos por las autoridades, aún persisten varias incógnitas sobre los proyectos.

La imprecisión en los anuncios del presidente Noboa revela falta de experiencia y conocimientos en el área, tanto del mandatario como de su equipo, comentó Jean Paul Pinto, experto en seguridad.

Recordó que durante la campaña electoral se ofrecieron “cárceles barcaza” -una propuesta inviable-, pero al llegar a la Presidencia esa oferta quedó relegada.

Este Diario solicitó el 24 de enero información a la Presidencia de la República respecto de la adjudicación de los contratos de los nuevos proyectos, empresas responsables, montos de inversión, fechas de inicio de construcción y si se han tenido conversaciones con las comunidades y grupos sociales que se oponen a las nuevas cárceles; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Para Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), la crisis carcelaria no se solucionará con más cárceles; antes debe retomarse el control de los centros existentes y trabajar en una verdadera política de rehabilitación de los internos, que conduzca a su adecuada reinserción en la sociedad.

“La política carcelaria no es plausible si es que está focalizada en este solo hecho de construir cárceles. La política se agudiza en relación con la ausencia absoluta de procesos de rehabilitación, que parten por la mínima categorización de las PPL según el delito que se les imputan. Además, considerando especialmente la ausencia categórica de control durante los últimos cuatro años”, reflexionó.

La ausencia de control se tradujo en graves matanzas que dejaron un total de 680 internos fallecidos entre 2018 y 2023, apuntó Navarrete. Según datos de la CDH, el peor año fue el 2021, cuando hubo 348 víctimas por los motines en las cárceles.

La mirada internacional

La crisis del sistema penitenciario ha sido analizada con especial atención por organismos internacionales, que han resaltado el poder que tienen intramuros las bandas criminales, y han expuesto las debilidades y errores de las políticas implementadas.

En el Decreto Ejecutivo 111, con el que se declaró conflicto armado interno, se cita un informe confidencial del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (SPT), que es un organismo de las Naciones Unidas.

El informe se elaboró a partir de una visita al país del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2022. Uno de los extractos citados en el decreto señala que “el SPT recomienda al Estado una reflexión y análisis de las medidas tomadas los últimos años para reenfocar su política penitenciaria, priorizando el fortalecimiento del sistema penitenciario a nivel político y de recursos”.

Además, el SPT sugirió que “debe replantearse, de cara al futuro, la construcción de prisiones más pequeñas y manejables en vez de megacárceles”.

Añade que se deben considerar las dinámicas intra y extramuros del crimen organizado, por ejemplo, “la corrupción que ha permitido el ingreso de armas prohibidas a los penales y la depuración de la Policía”.

Sugiere también que ”en la medida de lo posible se mantenga la administración civil de las prisiones, con un enfoque en la reinserción y la rehabilitación y a regular y monitorear cuidadosamente cualquier involucramiento de la policía y las fuerzas armadas, así como a cumplir con los dictámenes de su Corte Constitucional”.

Un nuevo modelo

Los nuevos recintos podrían contribuir a bajar el hacinamiento y aislamiento de las cabezas de las bandas, pero la infraestructura solo será una solución parche y temporal si no se aplica un enfoque penitenciario distinto, no se toca la estructura de la economía ilícita dentro de las prisiones, no se trasciende de la política de aumentar el número de personas detenidas, no se reforma el SNAI, no se mejora y garantiza el trabajo de los guías penitenciarios, y no se cambia la gobernanza institucional de las prisiones que está en manos de la fuerza pública.

Es la apreciación que comparten Luis Córdova, director del Programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, y Jean Paul Pinto, experto en seguridad e inteligencia.

El encarcelamiento masivo, que se está viendo desde que se declaró el conflicto armado interno, es la política por la que optó el expresidente Rafael Correa en 2014 y 2015 de la mano con reformas al COIP, analizó Córdova. Si esto no se revierte se tendrán que construir más de dos cárceles adicionales y se va a reproducir el problema de las pandillas en las prisiones, reflexionó Córdova.

Si todos los detenidos durante el conflicto interno llegaran a ser procesados, se tendrían que construir aún más centros de rehabilitación. “Ese modelo es insostenible, se requiere pensar en una política de criminalidad (...) El crimen organizado es el fenómeno consecuente de una política estatal y de una lógica social, y es eso lo que no se quiere entender”, apuntó Luis Córdova y comentó que “la única estrategia que se va a implementar en el país es la decidida por el Pentágono y el Comando Sur de los Estados Unidos”.

Según datos de la Presidencia de la República, hasta el 26 de enero se detuvo a un total de 3.886 personas en el marco del estado de excepción y del conflicto armado interno; de esa cantidad, “cuatro capturados son considerados objetivos de alto valor y 52 objetivos de intermedio valor”.

Mientras no se haga una reforma integral del SNAI, con personal profesionalizado y con garantías para su trabajo, y no se ejerza un verdadero control, “el hacer lindas cárceles, con alta tecnología no va a solucionar los problemas de fondo y se replicará el mismo patrón”, opinó Pinto. (I)