Catedrático de la Universidad Internacional, Arturo Moscoso es presidente de la Comisión de Coordinación para la reconstrucción del Tercer producto, relacionado con la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, quien denunció en el 2008 anomalías en la compra de los siete helicópteros Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres no están volando. Tras cuatro meses de trabajo en esta comisión, Moscoso es discreto, pero asegura que el tercer producto que elaboró el perito Roberto Meza Niella entre el 2012-2013, para el Comité Interinstitucional que creó el expresidente Rafael Correa, se “esfumó” de los archivos y en el futuro “alguien debe responder por eso”. La existencia de esta comisión se debe a una decisión de la Corte Constitucional (CC), que obligó al gobierno de Guillermo Lasso a reparar a Patricia Ochoa y su familia por vulnerar su derecho a la verdad al no entregarle el tercer producto íntegro. El 11 de julio de 2023 se entregó un informe preliminar, pues Ochoa tiene 20 días para hacerle observaciones.
Una vez que se reconstruyó este tercer producto, la primera crítica es que se lo hizo para afectar a Rafael Correa y su movimiento en las elecciones anticipadas de este 20 de agosto.
El informe pericial debió entregarse en mayo y se pidió una prórroga a la Corte Constitucional. Cuando llegó el perito a Ecuador la idea fue siempre esa, que entre más pronto hiciera el trabajo será lo mejor para cumplir con la reparación integral a la señora Ochoa. Además, la sentencia de la Corte es de febrero y la muerte cruzada ni siquiera estaba en carpeta. No se puede decir que esto surge con la pretensión de la época electoral.
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La exministra de Justicia Lady Zúñiga increpó que podían haberlo divulgado el 22 de agosto, cuando concluye el plazo adicional que dio la Corte.
Es una hipótesis de esta señora. Ella debería estar preocupada por explicar qué pasó con el informe y por qué leyó unas conclusiones que no correspondían a las conclusiones del informe final. Nosotros empezamos a recabar información desde el momento en el que nos nombraron. Cuando el perito llega, encontró 20 cajas de información, porque no iba a venir y recién a buscarla. Es un trabajo que ha sido resultado de los esfuerzos por cumplir con este mandato, no porque se vengan elecciones.
En esa recolección de información, ¿tuvo colaboración de las instituciones u obstáculos?
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Son unas 20 cajas con miles de documentos. De las instituciones del Ejecutivo no tuvimos ninguna negativa, porque incluso hubo una disposición expresa del presidente Guillermo Lasso de entregarla. En donde sí tuvimos problemas fue con la Asamblea Nacional que no quiso entregar. Dijo que no tenía, pero cuando se disolvió la Asamblea, el administrador finalmente nos la entregó porque sí existía y estaba ahí. Eso debería preguntarse: por qué la respuesta negativa de la Asamblea de que no había documentos… De quien no tuvimos respuesta nunca fue de la Fiscalía del Estado porque solicitamos una copia del informe que allí reposa para que el perito pueda ver si ese fue el informe que elaboró, pero no pudimos comprobarlo.
Se habla de que hay varios terceros productos e incluso que lo que hay es un informe final. ¿Cuál conoció usted?
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Hay que recordar que este tercer producto se hace porque en el segundo se hablaba de posibles autores intelectuales. Entonces, la sola existencia del tercer informe implica que hubo autores intelectuales. ¿Cómo pudo decirse en el tercer informe que es un delito común? Este informe que lee la exministra, que no tenía sumillas ni firmas, igual al que luego tuitea el señor Rafael Correa de otro informe, no corresponden con el informe elaborado por el perito. Cuando el perito revisa la información que se le entregó, encuentra tres versiones distintas del tercer producto. Y Patricia Ochoa contó que alguna vez llegó a ver diez versiones distintas y ninguna tenía firma de responsabilidad. Hubo un intento claro de ocultamiento de la verdad. Por parte de quién y por qué razones es lo que tiene que investigarse.
¿Cuántas versiones del tercer producto se han encontrado en esta recolección?
Nuestro trabajo no ha sido revisar ni investigar nada de la documentación. Entregamos al perito la información, conforme la hemos recibido. No le hemos metido mano a nada. No era nuestra función investigar ni sacar nuestras conclusiones. Era solamente facilitar que el perito pudiera venir. Nosotros no hicimos un análisis, ni revisión ni direccionamiento alguno sobre cuáles debieron ser las conclusiones. Nos comunicamos con el perito y le preguntamos si podía venir y él dijo sí. Le trasladamos al Ejecutivo y que negocien entre ellos. La comisión ni siquiera ha negociado valores, no ha hecho contratos ni ha dispuesto fondos. Lo único que se solicitó es que el informe esté sustentado y avalado y suscrito con una copia fidedigna como lo dispuso la Corte.
Si hubo tres o diez versiones del tercer producto, lo que se entendería es que no estaba desaparecido ese documento.
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El original sí, lo que hay son versiones que no son las que hizo el perito.
¿Qué los lleva a concluir que el original está desaparecido si pululan esos terceros productos?
Que no hay en ninguna parte, que no existe. En ninguna parte hemos podido encontrar ese informe. De la información recabada había tres versiones del informe. El perito recibió esas tres versiones y dijo: ‘Esto no hice yo’. Uno podría decir facilito ‘no hice’ y ya. Pero no hay firma de responsabilidad del perito en ninguna de esas versiones. Una versión es la que lee la señora Lady Zúñiga y otra la que publica Rafael Correa. Entre esas dos, que fueron funcionarios del mismo gobierno, hay contradicción de los informes que ellos hacen públicos. Ninguna de esas versiones que vio el perito, ni la que reconoció Ochoa corresponden al informe original que había hecho el perito.
Desde el correísmo se ha dicho que lo que se leyó fue un informe final hecho por los ministros, porque lo que hizo el perito en ese entonces era solo un insumo.
Habría que determinar qué informe es el que se leyó y en dónde está. En dónde están esas conclusiones. Vamos nuevamente al inicio, solo podía existir un tercer producto si el segundo determinaba que hubo autores intelectuales. Eso nos da la medida de este montaje que se hace, para luego decir que no correspondía a autores intelectuales, sino a delito común. El perito podría decir yo no hice eso, pero él presenta su informe diagnóstico y encuentra tres versiones del tercer producto y dice que ninguno es de su autoría porque ninguno tiene firma de responsabilidad. Ninguna de las hojas está sumillada. Incluso esos informes tienen una serie de incoherencias como notas al margen.
¿Lo que correspondería en un futuro cercano es que la Fiscalía y Contraloría investiguen qué?
Que el fiscal que está investigando el caso Gabela tome el informe que elaboró el perito y lo incluya como un insumo más para su investigación. Si cree que ese informe es suficiente para generar indicios de responsabilidad penal y que pueda llevar este tema a un juez y formular cargos o no, eso será problema del fiscal. Pero hay dos obligaciones adicionales, la obligación de la Fiscalía de investigar la desaparición del informe, en manos de quién desapareció, quiénes son los responsables y qué hay detrás de eso. La otra obligación de la Contraloría es determinar responsabilidades porque fue pagado con fondos públicos. Esto no se puede quedar así. Debe haber sanciones administrativas, penales y civiles. El perito fue contratado tres veces por el Estado ecuatoriano en ocasiones anteriores. En la investigación del caso Gabela hay que recordar que el pago era progresivo, por el primer informe tanto, por el segundo tanto y el tercero tanto. El perito tiene constancia del pago y un acta de entrega recepción de todos los productos y cumplió. Entonces en dónde está ese informe, quién responde por ese informe que se pagó con recursos públicos.
En el gobierno de Lenín Moreno se anunció que se desclasificaba la información del caso Gabela, pero la señora Ochoa impulsa estos recursos legales porque no pudo acceder al documento. Ahora se dice que el Ejecutivo sí envió información, ¿qué pasó?
El problema es que la información no existía. Nosotros hemos tenido total apertura para recabarla y el informe del tercer producto no estaba ahí. No existía. El informe original desaparece y, entonces, por más desclasificación que se haga, si se desapareció el informe no va a estar ahí. Por eso se tiene que llegar a la reconstrucción.
Rafael Correa acusa que aquí hay peculado y se pagó $ 380.000 por un informe que ya se hizo.
Peculado hay en la entrega de un informe que luego no aparece. Ahí hay peculado… aquí se está haciendo un contrato con una persona que dice que eso cuesta su trabajo. Cualquiera que haya sido el monto, porque hay un monto que todo el mundo anda señalando y que no se sabe si será real o no porque no se sabe de dónde salió esa cifra. Pero eso es lo que dice todo el mundo. Quién sabe si eso fue. El perito entregó el trabajo que se le pidió y no sé en dónde está el peculado.
¿Por qué es un contrato reservado?
Es un contrato que maneja el Centro de Inteligencia Estratégica y que por su naturaleza tiene reserva. No sé cómo será el tema. Pero, ¿en donde está el peculado? Porque la Corte dice que sea Roberto Meza el que haga la reconstrucción. Y el Estado debe pagarle y él hacer el trabajo y entregar. En dónde está el peculado. Peculado hay cuando se contrató al perito, se le pagó un dinero por tres productos. Entregó su tercer producto, se pagó la plata y ese informe se esfumó. Ahí sí hay peculado.
Justamente ustedes han sido denunciados por peculado.
Cuando nos contactamos con el perito le planteamos una propuesta económica y él la envió por escrito y fue trasladada al Ejecutivo. Nosotros no hemos negociado nada. Desconocemos los términos, el monto. No hemos destinado fondos, no hemos recibido remuneración de ningún tipo. En lo personal, no soy funcionario estatal. Es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Será para amilanar?
Es una denuncia que trata de restar legitimidad a lo que diga el informe pericial. Pero a mí no me quita el sueño, porque no tiene sustento. No hemos contratado al perito. Se lo contrató por mandato de la Corte.
Este tercer producto reconstruido no es vinculante para las investigaciones, pero se lo ha buscado por casi ocho años. ¿Qué importancia debe darle la justicia?
Primero, la sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para que haya acceso a la información y a la transparencia. Luego, el tercer producto, si bien no es vinculante, lo importante es que por fin se conoce lo que decía el informe. Eso ya es un paso más en la investigación del asesinato del general Gabela. Que sirva para determinar responsabilidades ya será una cuestión del fiscal, de los jueces…, pero deberá ser considerado por la justicia.
¿Si no se lo usa, será por miedo?
No sé si será miedo, complicidad, encubrimiento, no sé qué haya detrás. Espero que al menos en la Fiscalía y la justicia haya transparencia e imparcialidad. Es lamentable cómo la justicia se ha venido a menos. Por ejemplo, en el mismo caso de peculado por la compra de los siete helicópteros Dhruv, de los que cuatro se cayeron y hubo muertos y heridos y se diga que no hay responsabilidad de nadie en esto y que no hubo perjuicio al Estado porque no se cobraron los seguros. Es tan ridículo como que yo robe un carro y al dueño del carro, como le pagaron el seguro, entonces digan que no cometí ningún delito. ¡Es tan ridículo como eso!
¿Sería algo premeditado, porque esta sentencia, de alguna forma, se relaciona con la investigación del asesinato de Gabela?
No podría decir que fue premeditado, pero sí llama la atención. Es una extraña coincidencia que, a punto de salir el informe del tercer producto, se sobresea a los procesados. Sí llama la atención.
Una advertencia recurrente de Rafael Correa es que ‘ya falta poco’.
Es terrible que esa sea la sensación. En qué país vivimos cuando un actor político que no puede ser candidato, porque es prófugo de la justicia, amenace que ya falta poco. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ya falta poco para qué? Amenaza a todo el mundo… ¿Cuál es su motivación, la venganza? ¿Hay una motivación de sacar al país adelante o de venir y recuperar el poder que tenía y vengarse de todos los demás? Es posible que esto sea una intimidación a la justicia…
¿Teme que si vuelven a ser gobierno hagan algo en su contra?
Tengo la conciencia tranquila, he hecho un trabajo que debía hacerlo por compromiso con el país. No he recibido ni un centavo, ni nadie me ha pedido que incida en los resultados. Así que estoy con la conciencia tranquila, pero para esta gente no es difícil de inventarse cualquier cosa para afectar a uno. Eso sí causa temor. (I)
