Acciones por presunto error inexcusable en contra de los jueces de Santo Domingo de los Tsáchilas se estudian en el Consejo de Participación Ciudadana

Desde el bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no se descarta iniciar acciones en contra de los jueces de la Sala Multicompetente de Santo Domingo de los Tsáchilas por señalar que se declaró la nulidad de una acción de protección que benefició a cuatro exconsejeros, pero no de las actuaciones administrativas que ellos tomaron.Esto se dio en un contexto en el que la madrugada del 10 de marzo de 2023, a eso de las tres de la madrugada, cuatro consejeros de mayoría: Gina Aguilar, Teddy Tama, Graciela Mora y Olindo Nastacuaz aprobaron una resolución en la que anularon y declararon inexistentes 61 resoluciones que fueron aprobadas por cuatro exconsejeros del CPCCS, del pleno que presidió Hernán Ulloa.Se ampararon en que la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró nula una acción de protección que otorgó el exjuez Ángel Lindao a Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo para que retomen sus funciones, luego de ser destituidos y censurados en un juicio político de la Asamblea, que se sustanció el 18 de noviembre.Sin embargo, la propia Corte Provincial atendió el viernes pasado un recurso de aclaración y ampliación y concluyó que el tribunal de mayoría declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el exjuez, pero “no de las actuaciones administrativas adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de sus consejeros en el ejercicio del cargo y sus funciones específicas fijas, porque ese no fue el objeto de la garantía jurisdiccional; tanto más que aquellas son situaciones jurídicas consolidadas. Las resoluciones de los poderes públicos gozan de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad conforme el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo”, recoge la sentencia. Pero la tarde de este lunes, el vocal del CPCCS, Teddy Tama, insistió en que sus actuaciones son legales y advirtió que presentarán un pedido de declaratoria de error inexcusable en contra de los jueces que integran el Tribunal de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas porque “atenta al debido proceso”. Los jueces que actuaron en esta causa fueron Iván León, Patricio Calderón y Jorge Montero; este último emitió un voto salvado en la causa.“Ojo, que puede haber malas intenciones y reposan en las personas que dicen falsedades sobre una realidad. Me temo que lo mismo que ocurrió con Lindao... están moviendo a los jueces (de la Sala de la Corte Provincial) para que agreguen ese masito, esa ayudita. Eso se puede convertir en un error inexcusable para la Sala y por ahí iré solicitando que se revoque esa ampliación porque va más allá de lo que existe en el proceso; eso es un delito”, manifestó el consejero Tama.La actuación del bloque de mayoría del CPCCS al anular 61 resoluciones empieza a sentirse, pues este lunes se dieron cuenta de que dos actos administrativos estaban relacionados con el concurso de méritos de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque se mostraron confiados en que no perjudican al proceso.Este 13 de marzo, con cinco votos a favor y dos abstenciones de Aland Molestina y Carlos Figueroa, se aprobó sin fecha de inicio y terminación la convocatoria para que la ciudadanía se postule a participar en el concurso de renovación de dos vocales, principales y suplentes, del Consejo Nacional Electoral. La aprobación de la convocatoria está pendiente desde finales de diciembre del 2022, del texto que propuso la comisión ciudadana de selección que la componen diez miembros y la preside el exjuez de la Corte Constitucional durante el gobierno de Rafael Correa, Pedro Bhrunis.En la convocatoria se menciona que la fase de postulación se iniciará cuando la resolución que fue aprobada se publique en la página web oficial y tres medios de comunicación nacional.El consejero Teddy Tama presentó la moción para aprobar la convocatoria y en ella reconoció que el pasado 10 de marzo se anularon dos actos administrativos que estaban relacionados con el concurso público y que fueron emitidos por cuatro de los siete exconsejeros.Específicamente, sobre la designación de una comisionada de selección suplente y otra sobre la conformación de un equipo técnico que da apoyo a la comisión ciudadana. Para justificar el hecho, Tama dijo que eso no tenía “incidencia” en el concurso público y pidió a la consejera Gina Aguilar que convoque a un pleno para elegir a un nuevo equipo técnico.Esto generó un tenso debate entre los consejeros, pues Aland Molestina y Carlos Figueroa expusieron sus preocupaciones de que se hayan anulado y declarado inexistentes 61 resoluciones, entre ellas, 18 que tienen que ver con concursos de selección de autoridades.“Recién ven las afectaciones. Estas actuaciones sin lógica tienen sumido al Consejo de Participación Ciudadana en un caos”, lamentó Molestina.En el mismo sentido se pronunció Figueroa, quien comentó que quedó “demostrado” que no se revisaron las resoluciones que no debían ser anuladas o declaradas inexistentes.El consejero Tama los increpó, pues a su criterio lo actuado por los cuatro exconsejeros es nulo porque así lo determinó la Corte Provincial y dejó en firme la destitución y censura que llevó a cabo el Parlamento. Les reprochó que no eran abogados y que estaban “mal asesorados”.Al final, la convocatoria se aprobó con los votos de Mónica Moreira, Graciela Mora, Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar y Tama.La presidenta Gina Aguilar evitó manifestarse sobre las acciones recientes, pero confirmó que en horas de la tarde de este martes prevé mantener una reunión protocolaria con los siete vocales electos del CPCCS en los comicios del 5 de febrero, para iniciar con el proceso de transición. (I)

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