Como paliativa, ineficiente y sin atacar el problema de fondo ven analistas la declaratoria de estado de excepción para combatir al narcotráfico y organizaciones criminales

Durante los últimos años, los Gobiernos han recurrido a varios estados de excepción por asuntos ligados con la inseguridad y la crisis carcelaria. De allí que la última declaratoria que rige para tres provincias con el fin de combatir el crimen no toma por sorpresa a algunos analistas y especialistas en seguridad, que creen que esa medida no será suficiente para enfrentar el escenario grave que tiene el país.

Consideran que la situación requiere de un trabajo interinstitucional más profundo, e incluso sugieren fortalecer el sistema de inteligencia y otras acciones bajo un escenario de políticas continuas.

El estado de excepción rige para Guayas, Esmeraldas y Manabí, e incluye toque de queda de 23:00 a 05:00 para parroquias urbanas de las dos primeras provincias.

Para Daniel Pontón, analista de seguridad y docente universitario, no es muy distinto de lo que se ha venido aplicando con anterioridad.

Mencionó que estos estados de excepción son bastante proactivos al comienzo, pero con el tiempo se relativizan y la sociedad empieza a convivir con ellos.

Agregó que, además, la delincuencia empieza a analizar el escenario y a sacar provecho de ciertas vulnerabilidades.

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“Son más bien golpes de efecto, porque los estados de excepción son extremadamente disuasivos cuando hablamos de presencia masiva de fuerza pública en las calles. (...) Los militares salen por lo general un tiempo; después, tienden a irse a los cuarteles, y ahí empieza de nuevo el problema. (...) Vamos a ver un aplacamiento de los índices delictivos en los próximos días, pero creo que el problema está intacto”, opinó.

A criterio de Pontón, el problema delincuencial es mucho más profundo y complejo.

Mencionó que no conoce una estrategia amplia, integral y que apunte a objetivos de disminución de la violencia.

Cree que se debe trabajar en aspectos carcelarios irresueltos, en involucramiento de Gobiernos locales en políticas de prevención y de convivencia ciudadana, de armas de fuego, de impunidad, pero con políticas sostenidas de mediano y largo plazo.

“Más que el narcotráfico, es el microtráfico; tiene que ver mucho con un problema social (...). Si no se ataca la demanda, es complejo atacar el microtráfico”, acotó.

Indicó que desde hace tiempo Ecuador dejó de tener una política antidrogas clara.

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Según Diego Pérez Enríquez, profesor universitario y experto en temas de seguridad, la declaratoria del estado de excepción hay que analizarla en dos sentidos.

El primero es la ineficiencia, debido a que cambian poco los hechos. Estima que en los últimos cuatro años se han decretado unos 18 estados de excepción más o menos vinculados al crimen organizado, a la violencia, y el problema se mantiene.

“No implica ni el fin ni un golpe al crimen organizado, porque el estado de emergencia hay que recordar que es una decisión coyuntural; y el crimen organizado, lamentablemente, en su vinculación con las instituciones del Estado, se ha vuelto un problema estructural”, comentó Pérez Enríquez.

Como segundo aspecto destaca, eso sí, la declaratoria del estado de excepción, pues mencionó que es un reconocimiento de que existe un problema estatal y que lo visibiliza.

Con respecto a qué se debería hacer para atacar el aspecto estructural, Pérez Enríquez sugiere que se garantice una mejor coordinación entre Policía y Fuerzas Armadas, fortalecer el trabajo del sistema de inteligencia, que —sostiene— fue desmantelado y reconstruido tres veces en quince años, así como una articulación con la Función Judicial.

Por la penetración del crimen organizado e ineficacia de lo que llaman “políticas públicas gubernamentales”, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Integral planteó, entre otros aspectos, restructurar el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) ante la falta de inteligencia político-estratégica, declarar en sesión permanente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, crear una Secretaría de Seguridad que coordine la optimización de las capacidades de seguridad, bloquear el ingreso y salida de estupefacientes, así como la implementación de una ley que permita derribar narcoavionetas.

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La medida del estado de excepción, para el coronel del Ejército (s. p.) Juan Villegas, quien fue comandante del Grupo Especial de Operaciones Ecuador, director de la Escuela de Selva y Contrainsurgencia, es un paliativo que servirá para disminuir la inseguridad levemente y en un tiempo específico.

Las medidas que el Gobierno debe tomar tienen que orientarse en el mediano y largo plazo para que esta difícil realidad ciudadana cambie, añadió.

En el caso de Fuerzas Armadas, agregó que, por medio de una real restructuración en doctrina, equipamiento y entrenamiento, deben alcanzar un nivel que les permita estar en condiciones de, en forma efectiva, colaborar en el control de este “tipo de inseguridad con tintes delincuenciales” con aporte nacional y extranjero.

“Es necesaria la acción de la Asamblea con legislación que facilite el empleo de la fuerza pública para cumplir su cometido”, sugirió Villegas.

Finalmente, según opinó el oficial del Ejército en servicio pasivo, se necesita una compenetración entre militares, Policía Nacional y los órganos de inteligencia del Estado, dado que, a su criterio, no ha existido nunca algo que les permita coordinar, planificar y emplearse en forma conjunta con eficiencia.

“Muchos de los esfuerzos en torno a la seguridad parecería que terminan cayendo, terminan debilitándose en el momento en que llegan al sistema judicial. (...) Afectan ya en el espectro más grande, afectan la confianza de la gente en las instituciones”, agregó Pérez Enríquez. (I)