Ocho perjuicios señalan productores de caña de azúcar: ‘Soy un cañicultor grande que cultivo bien mis campos y aún así no me veo recompensado’

La aplicación de un químico como ‘madurante’ de la caña de azúcar –para acelerar la concentración de sacarosa (dulce)– no es una práctica que agrade a los cañicultores. Hasta la zafra del 2022 –contaron dirigentes agrícolas– los ingenios aplicaban a los sembríos glifosato, un agroquímico clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno”. Desde la zafra del 2023 se usa Moddus, un compuesto aprobado por Agrocalidad, pero que algunos agricultores rechazan porque –aunque no contamina como el glifosato– le reduce el peso a la caña y, por consiguiente, influye en el precio.

“La caña deja de tener tanta agua en su composición y, al pesar, pierde un 5-10 % de su volumen. No hay control estatal que diga que la caña pesó 10 o 1.000 toneladas. Ellos pesan y dicen ‘fue tanto’”, indica el cañicultor Pablo Jerves.

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El uso del madurante, que reduce el volumen de la caña, representa uno de los ocho perjuicios que -aseguran- enfrentan los agricultores. Una segunda afectación –coinciden– es la medición de los grados de sacarosa de la caña, antes y después de aplicar el madurante. El ingenio envía un técnico para que revise si la caña alcanza 13 o más grados pol, pero algunos productores desconfían de esas mediciones.

“No nos queda más que el reporte que nos mandan, porque no tenemos cómo medir. A nosotros nos toca creer”, dice la cañicultora de Guayas y Los Ríos Gabriela Asam, mientras que otro productor, con cultivos en tres provincias, reclama: “Se pierde mucho dinero en esos grados pol, ahí se queda la utilidad de uno. Soy un cañicultor grande que cultivo bien mis campos y aún así no me veo recompensado. Estoy en manos del ingenio que dice que no tuvo dulce mi caña y no hay forma de medir”.

Si la caña tiene 13 grados pol el agricultor recibe $ 33,50 por tonelada; si supera esos grados se lo ‘premia’ con un 3,3 % adicional; y si es inferior se le ‘castiga’ con 3,3 % menos.

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El precio de $ 33,50 que les reconocen los ingenios ya les representa un tercer perjuicio, porque es inferior ($ 1,35 menos) a los $ 35,05 fijados a través de un acuerdo ministerial en 2022. En ese momento, los industriales interpusieron una acción legal que temporalmente dejó sin efecto la resolución. En julio de 2023 se ratificaron los $ 35,05, pero no se cumple, dicen los agricultores, que muestran los contratos con el valor de $ 33,50.

Y aunque el peso y la medición de la sacarosa ‘golpea’ sus ingresos, el cuarto perjuicio es la mayor preocupación de este sector: el retraso en los pagos. “Pagan a los diez meses, en cómodas cuotas mensuales. Es un abuso”, dice Guido Arteaga, cañicultor de Guayas.

Estos atrasos les causa, coinciden dirigentes, retrasos en sus obligaciones con bancos y proveedores. Además, les afecta en el nuevo ciclo de cultivo de la caña. “En el primer mes, después de la zafra, ya hay que darle de comer (a la planta). La mayor cantidad de trabajo entre riego, fertilizaciones y control de maleza son los primeros cinco meses y es cuando el ingenio más falla en los pagos”, indica Víctor Urgilés, cañicultor que tiene cultivos en Guayas.

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También, los cañicultores cuestionan otros cuatro descuentos que pueden superar los $ 4 por tonelada, sin considerar el peso y los grados pol de la caña. Se refieren al trash, que representa un 4 % menos en la facturación; el 1 % de contribución al Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (Cincae), dirigido por los industriales; $ 4,80 por la cosecha manual (la mecanizada la asumen los ingenios); y otro valor por transporte si las plantaciones están a más de 30 km del ingenio.

“Vendemos la caña en pie y el contrato es para que el ingenio corte, hagan todos los movimientos y cualquier basura (trash) le corresponde al ingenio. Pero no, nos cargan a nosotros”, critica un agricultor, mientras otros se quejan por la contribución al Cincae. “Nos están descontando sin habernos reunido ni conversado con ellos”, reclama Bella Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador.

Mientras que a Gabriela Asam le cobraron alrededor de $ 7.000 para el Cincae, en 2022. Pero como se opuso, dice, “me devolvieron, se demoraron como un año, pero me pagaron”. (I)