“Es una joya, no solo de los quiteños, sino de todos los ecuatorianos”: esta es la sanción por hacer grafitis en el centro histórico de Quito

Arreglar una pared con rayones o grafitis conlleva un gasto para los dueños de los bienes inmuebles, pero, más allá de eso, ver una de las tradicionales paredes del centro histórico de Quito con grafitis o afiches que dañan su imagen, está considerado como una infracción muy grave, establecida la Ordenanza Municipal 052-2023.

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El pasado 28 de septiembre se dio una marcha organizada por colectivos feministas. En esta un grupo de personas pintó varias paredes y puertas en su trayecto desde el parque El Arbolito hasta la plaza de Santo Domingo. Esta movilización se dio por el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Según los videos y fotografías compartidas por la Policía Nacional, las personas acudieron con aerosoles, baldes de pintura y afiches que fueron pegados con engrudo.

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Mediante cámaras de videovigilancia lograron identificar a las ciudadanas que cometieron estas infracciones, una vez que terminaron la marcha, los agentes de policía, acompañados por miembros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizaron la notificación respectiva a dos mujeres.

La AMC es la instancia del Municipio de Quito encargada de emitir los actos de inicio administrativos. Estos son notificaciones que se entregan cuando se comete alguna infracción establecida en la normativa municipal y la que puede ser reclamada por el ciudadano o que conllevará una sanción.

Las dos mujeres que fueron identificadas llenaron un registro en el que oficialmente se dio el acto de inicio administrativo. Ellas podrán acudir a las oficinas de AMC para conocer los recursos a los que tienen derecho antes de que se ejecute una multa.

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El artículo 3952 de dicha Ordenanza, sobre las prohibiciones de uso en la superficie de fachadas y cerramientos, en el literal a, establece: “En áreas patrimoniales y turísticas: Alterar la superficie de pintura de fachada con rayados, pintas u otros, con cualquier tipo de materiales; así como ubicar afiches, publicidad electoral u otros elementos similares como expresión escrita o simbólica de cualquier naturaleza”.

La sanción por cometer esta infracción es de cuatro salarios básicos unificados (SBU), es decir, actualmente alcanza los $ 1.800. Este tipo de sanción solo aplica para áreas patrimoniales, zonas turísticas y áreas especiales definidas como tales por el Municipio de Quito, entre este listado el centro histórico.

Cometer estos actos en otras zonas que no sean especiales conlleva una infracción grave, la que será sancionada con dos SBU, según la normativa.

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Para Virginia Gómez de La Torre, representante de la Fundación Feminista Desafío, la protesta en Ecuador es un derecho, y este tipo de manifestaciones no significan vandalismo.

“Lo que plantea la protesta es incomodar a la gente para llamar la atención y para que se difunda un mensaje, porque en realidad los temas de las mujeres son temas invisibilizados. (…) La ciudad de Quito en el centro histórico y en los demás barrios está lleno, lleno de grafitis y ahí nadie protesta, ahí nadie dice nada, a mí eso no me gusta, pero si una muchacha pone un mensaje, pega un afiche ahí todo el mundo protesta”, enfatizó.

Virginia expresó que la muerte de mujeres, de niños, de adolescentes que se puede producir por la ilegalidad del aborto es mucho más grave que limpiar una pared de un grafiti o un afiche pegado.

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Patricio Vargas, comandante del distrito de Policía Manuela Sáenz, dijo que lamentablemente no es el primer caso, que este se ha vuelto un mal hábito.

“Nosotros como Policía Nacional siempre tratamos de que este tipo de movilizaciones justamente cumplan con esos requisitos, que sean pacíficas y guardando el orden público. Sin embargo, lo que ocurre comúnmente es que dejan causando destrozos, daños a un bien patrimonial como es el centro histórico de Quito, que es una joya no solo de los quiteños sino de todos los ecuatorianos, que llama la atención de turistas no solamente nacionales sino extranjeros, es la imagen del país”, enfatizó.

Los policías se apoyan de las cámaras de videovigilancia para identificar a posibles infractores, también con personal en territorio. A esto se le suma el eje de inteligencia que siempre está levantando información que pueda significar un riesgo para la ciudadanía y su entorno.

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“Esperemos que esto sirva como un precedente para que empecemos a tomar conciencia de que nuestro derecho termina donde empieza el derecho de las otras personas. Si bien es cierto tienen el derecho de hacer valer su protesta, su manifestación, su pedido ante la autoridad, pero ese derecho termina en el derecho de las personas que tienen a que su bien, sea público o privado, sea respetado”, añadió Vargas. (I)