El tema de las inversiones del IESS es un buen indicador para determinar qué tan legítimas son las actuaciones de un representante al Consejo Directivo del IESS. Conociendo que esta es una entidad autónoma desde hace más de 60 años, la representación del poder Ejecutivo en dicho organismo debe entendérsela como una forma de garantizar imparcialidad y equilibrio frente a la representación patronal, una especie de catalizador de las aspiraciones y derechos de afiliados, jubilados y pensionistas; pero, sobre todo, de garante de ese ahorro del público a la seguridad social y de impulsor de la obtención de los mejores rendimientos de los dineros de los afiliados.

Salvo pocas honrosas excepciones, el representante del Gobierno al Consejo del IESS se ha convertido en un administrador de la institución, contraviniendo las esenciales funciones de dicho organismo que son las de legislar y fiscalizar, a tal punto de convertirla en un apéndice del Gobierno como ocurre hoy. El IESS ha dejado de ser caja chica de los gobiernos de turno, para convertirse en una dependencia más de este, lo cual es altamente peligroso no solo para afiliados y jubilados sino para el sistema de seguro social obligatorio en su conjunto.

Mantener una representación de ese tipo en un organismo colegiado tripartito es abusar del poder del Estado en contra de los que verdaderamente aportan a la seguridad social. Algunos me dirán ¡pero si los recursos de la seguridad social deberían servir para financiar el desarrollo del Estado! La respuesta es: sí, pero desde una óptica independiente, haciendo que el Estado sea un ofertante más de posibles inversiones y no al revés, como ocurre ahora. Chile es el mejor ejemplo de desempeño independiente de las inversiones, con excelentes resultados.

Afirmamos, entonces, que lo más saludable es que vayamos pensando en un organismo libre de la representación del gobierno de turno, que lo que ha hecho es ensuciar la autonomía institucional y hacer del IESS un botín político burocrático al servicio del partido o movimiento político triunfante en las elecciones.

Por otra parte, la representación de afiliados y jubilados (actual) deja mucho que desear. Empezando porque fue designado con la aplicación de un reglamento expedido por el presidente Rafael Correa, que fue declarado inconstitucional por el ex Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional), nos da claras muestras de su falta de legitimidad e independencia.

La jugada del Gobierno (como muchas otras en el campo legal) fue reformar dicho reglamento para posibilitar el nombramiento de un representante afín al Gobierno, que aunque posteriormente dicho reglamento fuera declarado inconstitucional, con la aplicación de otra norma (artículo 278 de la anterior Constitución) dicho representante pueda mantenerse.

Pero el mismo ex Tribunal Constitucional mandó al presidente Correa, con fecha 7 de julio del 2008, expedir un nuevo reglamento para designar al vocal de los afiliados y jubilados, aspecto que después de un año cinco meses no cumple, convirtiéndose en moroso de incumplimiento de una sentencia constitucional de única instancia e inapelable.

Con esa espada de Damocles en la espalda, o como dice el pueblo: "como cucaracha en pico de gallina", ¿qué actuación podemos esperar de nuestro representante?

Muy lejos están las épocas en que un Publio Falconí, un Raúl Zapater Hidalgo o un Ricardo Ramírez Aguirre nos representaron con gallardía, conocimiento y valentía.