Contraloría aclara que indicios de responsabilidad penal por $ 40 millones no se detectaron en declaraciones patrimoniales

Entre el 28 de noviembre de 2023 y el 16 de enero de 2024, la Contraloría General del Estado emitió 32 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) por cerca de $ 40 millones y alrededor de 240 responsabilidades administrativas y civiles por un aproximado de $ 20 millones.

El titular de la Contraloría, Mauricio Torres Maldonado, informó de estas acciones de control en una declaración de prensa del 16 de enero último, a propósito de presentar su propuesta de trabajo al haber sido designado presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), junto con Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, como vicepresidente.

En el contexto de su exposición, se le consultó sobre los avances en los análisis a las declaraciones juramentadas de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a lo que respondió: «Estamos justamente realizando declaraciones juramentadas a generales del Ejército, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas, y a otros servidores públicos, incluyendo al expresidente de la República. Todavía no tenemos resultados, pero ya en poco tiempo habrá».

La institución aclaró -en una comunicación enviada a este Diario- que las cifras respecto de los IRP no se referían a las declaraciones juramentadas de funcionarios del Estado. Los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), con el análisis de las declaraciones patrimoniales juramentadas son «dos acciones de control diferentes», se puntualizó.

Su pronunciamiento se da sobre una publicación de este Diario, realizada el 16 de enero, en la que se tituló: “Indicios de responsabilidad penal por $ 40 millones ha detectado la Contraloría General del Estado en patrimonios de funcionarios”.

En el artículo se menciona que «el contralor Mauricio Torres Maldonado informó que en los casi dos meses de gestión ha firmado 32 informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal (IRP) por $ 40 millones y que existen unas 250 responsabilidades administrativas y civiles por $ 20 millones» detectadas en declaraciones patrimoniales de servidores del Estado.

Sin embargo, la Contraloría recalcó que la declaración se refería a informes con indicios de responsabilidad penal, que son distintos de las declaraciones patrimoniales juramentadas que deben presentar los servidores del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Mauricio Torres explicó que los informes que elabora el organismo de control se realizan con base en una orden de trabajo.

Como plazos se establece «aproximadamente 90 días y hasta aprobar el informe son 180 días. De ahí viene una predeterminación de responsabilidades en los que se dan plazos para que se puedan defender (los sujetos de control). La Contraloría no puede hacer exámenes pasados los siete años desde que se cometió el acto. Pero si se hizo un examen y se encontraron indicios, está determinado por la Contraloría. En ese momento que se comprueba que son delitos a través de los jueces, se vuelven imprescriptibles».

«Tenemos la facultad hasta siete años de que se haya cometido un acto de entregar un informe con las debidas responsabilidades y a partir de ahí es ámbito de la Función Judicial», añadió.

A propósito del análisis de las declaraciones patrimoniales juramentadas, Torres detalló que se está utilizando como una herramienta alternativa la inteligencia artificial (IA) que permita reducir los periodos de revisión y enfocar las acciones del personal en aquellos casos en los que haya sospechas de incrementos injustificados.

Se indicó que la Contraloría tiene en nómina unos 2.900 funcionarios para el cumplimiento de sus actividades, entre las que está ejercer controles a más de 3.400 instituciones del sector público. (I)