El país ha visto absorto cómo las fuerzas del orden, luego de muchas acciones de inteligencia, seguimientos y verificaciones en el sistema financiero, han descubierto y desarticulado una red de corrupción que, al menos por los últimos once años, estuvo abusando de los ingresos económicos de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, al aprovecharse de su calidad de empleados que tenían acceso a sus sistemas y procesos.
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En los allanamientos simultáneos sorpresivos en que derivó el caso, uno de los cuales, en Samborondón, lo lideró el propio presidente Daniel Noboa, se ha detectado que en CNEL se limpiaban facturaciones a cambio de coimas; se usaban falsos reclamos para evadir pagos y esto con el respaldo de alguien de dentro de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Y no solo eso, los miembros de la red habrían generado perjuicios económicos al Estado por al menos 300 millones de dólares, que han ido a cuentas particulares, pues a varios de los investigados se les han descubierto ingresos y ritmo de vida que no se compadecen con el sueldo que ganaban en la corporación.
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Se ha descubierto también que las irregularidades no solo se limitaron al manejo de la facturación, sino que involucraron proyectos eléctricos, que fueron manipulados hasta provocar fallas que afectaron directamente a la población y sirvieron para posicionar recientemente una narrativa falaz de crisis energética y supuesto retorno de los apagones.
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Todo esto ha estado pasando en CNEL, sin que los autores de este atentado contra la fe pública reparen siquiera en el daño que le hicieron a un sector estratégico que en la actualidad es fundamental para el trabajo y la producción. Para la educación y el desarrollo integral de la sociedad.
Es de esperar, entonces, que las decenas de funcionarios, de todos los rangos, que están retenidos y siendo investigados en torno a esta red, de hallárselos responsables, reciban el mayor castigo que establezca la ley y la condena social permanente por sus malas acciones. (O)
