El último mes del 2022 el Gobierno de Ecuador implementó el Código Plata, que activa protocolos de seguridad en hospitales y centros de salud ante riesgos o amenazas. Ese año hubo 77 incidentes de violencia en entidades de prestación médica.

La mañana del 10 de junio pasado fue activado un Código Plata en el Hospital Pablo Arturo Suárez, adonde eran trasladados tres reos, pero en el exterior hubo un ataque y uno fugó. El hecho quedó grabado en cámaras de videos que evidencian la exposición de trabajadores y eventualmente visitantes o transeúntes.

En el contexto de un conflicto armado interno, como el que vive el Ecuador, los protocolos deben ser estrictos y si es necesario revisarlos para que se cumpla el objetivo de reducir los eventos que comprometen la seguridad de las operaciones sanitarias, tal como se describen para el Código Plata en documentos del Ministerio de Salud.

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Al momento del ataque del lunes no se observa que otros vehículos de seguridad acompañen el traslado. Lo que sí se ve es cómo disparan a los agentes penitenciarios que lo hacían y a un guardia y otra persona esconderse por protección.

Código plata se activó en clínica de Guayaquil tras segundo ataque a jefe de seguridad de un puerto del sur

De lo que se conoce, el Código Plata lo puede activar el personal de salud cuando recibe a una persona herida con arma, cuando se identifican personas sospechosas o violentas en los alrededores de un hospital, si hay una toma de instalaciones o cuando se traslada a un privado de libertad sin el debido resguardo.

Lo ocurrido el lunes estará en investigación para que no queden dudas y si faltaron controles que se atribuyan responsabilidades. Por lo pronto, ayer el Gobierno anunció la firma de un convenio para que las fuerzas del orden se ubiquen en las casas de salud de todo el país. Se hará por fases.

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En el 2023 se activaron 1.868 protocolos de Código Plata. Lo clave es que funcionen con rigurosidad para la seguridad de personal de salud, pacientes y familiares que acuden en busca de la atención que el Estado está obligado a garantizar. (O)