Vivimos una situación muy grave con orígenes varios.

Uno, desastrosa meteorología: las peores sequías desde hace décadas. Y ahí se plantea siempre un problema importante: ¿debe uno cubrirse frente a las situaciones más extremas? Respuesta difícil porque depende del impacto de esos extremos, su eventualidad, costos y más.

Dos. Faltan 900 MW. La demanda ha crecido más que las previsiones, y solo se ha cumplido un 20 % de la oferta proyectada, por el mal mantenimiento de los equipos y desde hace un año estaban en marcha varios procesos de contratación de 800 MW en barcazas y generadores (caros pero necesarios), pero ninguno se ha concretado porque los concursos han demorado, han sido cancelados, ha faltado el aporte de Finanzas, o se cambió la institución responsable. Mil razones: falta de decisión y eficiencia, contratación pública compleja, corrupción... o quién sabe si sabotajes. Y además la suspensión de ventas desde Colombia por sus propios problemas climáticos... o quizás como “venganza” del Gobierno mexicano a través de su par colombiano.

De coyuntura en coyuntura

Tres, un sistema casi totalmente estatal y con pocos incentivos positivos.

Esto último es clave: la base de un sistema razonable es dejar que los precios reflejen la relación entre oferta y demanda. Veamos el caso del mercado de autos (o la panadería vecina): el precio del vehículo debe reflejar la relación entre marcas y clientes finales, el del aluminio o baterías la relación con proveedores, los salarios con los trabajadores, la tasa de interés con los financistas, y así en los cientos de procesos involucrados. Los precios conllevan información clave sobre las necesidades y enfoques de las distintas partes, y también sobre las utilidades que se generan en cada etapa, y los incentivos (palabra clave) en cada una. Adicional: los precios solo se descubren y manifiestan en un sistema de interacción libre donde cada uno “negocia” directa o indirectamente su parte.

Pero (“pero” esencial), los Gobiernos diseñan sistemas donde las primeras variables manipuladas son precios e incentivos. En el caso eléctrico ecuatoriano, primero tenemos un sistema casi 100 % estatal: no hay interacción libre entre las partes que genere precios con incentivos adecuados. Segundo, el Estado siempre tiene una visión no de incentivos sino de transferencias sociales (¿cómo ayudo a tales o cuales grupos?) a través de fijar precios irreales, en lugar de un sistema, al menos mejor, como las transferencias monetarias directas. Tercero, introduce (Correa) conceptos absurdos como no contabilizar la recuperación de los costos de capital. Cuarto (la reciente ley) trae limitantes como acelerar los procesos privados solo para centrales de menos de 10 MW, de energías no convencionales y solo para autoabastecimiento o venta al sistema interconectado. Cinco, la idea errada de “impulsar” no renovables frente al resto: en muchos casos no son eficientes (solar, eólica) o poco flexibles (hidroeléctrica).

¿Qué hacer? Eliminar un “autosabotaje” como el monopolio estatal. Precios que reflejen los incentivos correctos. Participación privada libre (incluyendo importación) en cualquier camino (solar, gas, etc.). Negociación entre privados, no solo vía el Estado... ¡No engañarnos es el único camino! (O)