La confrontación entre Daniel Noboa y Gustavo Petro no nació con aranceles. Su origen estuvo en una discrepancia previa sobre la seguridad fronteriza. Ecuador sostenía que Colombia no ofrecía una cooperación suficiente ni un control eficaz en su frontera en el combate al narcotráfico. Colombia, por su parte, afirmaba que sí existían mecanismos de coordinación y seguridad.
Conviene ser precisos: la responsabilidad no es simétrica. El problema de fondo se ubica en el insuficiente control del lado colombiano de la frontera, donde estructuras criminales vinculadas al narcotráfico han logrado operar con continuidad. Ese es el punto de partida real del conflicto. Otra cosa es que, iniciada la controversia, ambos Gobiernos la hayan escalado mediante decisiones políticas y discursivas.
Los aranceles fueron la consecuencia económica de esa divergencia. Noboa anunció primero un recargo del 30 % a productos colombianos, citando tanto el déficit comercial como la falta de coordinación contra el narcotráfico en la frontera. Bogotá rechazó esa imputación y respondió con medidas recíprocas y suspensión de venta de energía. Después vendrían nuevos aumentos, pues para Noboa seguían sin adoptarse medidas eficaces de control fronterizo.
Ese orden temporal sí importa, pues no fue primero una guerra comercial que después buscó justificarse con la seguridad. Fue una disputa de seguridad que se trasladó a medidas económicas y a una degradación de la relación bilateral.
En paralelo, desde Colombia se denunciaron efectos letales de operaciones militares en su territorio que Ecuador negó y sostuvo que se realizaron en territorio ecuatoriano. Lo relevante es que la frontera dejó de ser un espacio de cooperación para convertirse en un punto de disputa narrativa.
Lo cierto es que en Colombia ha habido voces de respaldo tácito a la reclamación de Noboa. El expresidente Álvaro Uribe ha sido el más explícito sobre el abandono de Petro a la frontera con Ecuador. También se han sumado críticas de figuras políticas de renombre, como Diego Molano, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes, desde distintos énfasis, coinciden en señalar debilitamiento institucional, expansión criminal y fracaso de la política de seguridad de Colombia.
En ese contexto, recientemente, Petro difundió un video que luego retiró de su cuenta en X tras ser cuestionado públicamente. El material partía de una transmisión real de un medio internacional, pero incorporaba contenido ajeno a la emisión original pues utilizaba la imagen y la voz de Noboa dentro de un montaje, que posteriormente fue desmentido por el propio medio (Telemundo).
Cuando un jefe de Estado difunde información manipulada, su palabra pierde peso. Y cuando un Gobierno intenta suplir con relatos lo que no logra asegurar con control efectivo, la diplomacia deja de ser un puente de entendimiento para convertirse en un escenario de desgaste. La frontera no revela solo un problema de seguridad. También revela la fragilidad política de quién prefiere administrar la apariencia antes que enfrentar la realidad. Y en política exterior, esa fragilidad suele costar más que rectificar a tiempo. (O)
