Los países subdesarrollados son lugares peligrosos. Si usted se encuentra en un país subdesarrollado, actividades como conducir un automóvil, caminar por la calle o comer en un restaurante pueden suponer una alta probabilidad de ser víctima de un accidente. La razón es casi obvia. Para prevenir accidentes se necesitan información y recursos, y los países subdesarrollados son aquellos en los que, por definición, faltan esas cosas.

La ley que regula los accidentes –lo que se llama “derecho de daños” y que se refiere a las condiciones que deben cumplirse para indemnizar a la víctima de un accidente– debería tener en cuenta esta realidad. Además, los sistemas judiciales de los países subdesarrollados suelen ser lentos y corruptos, por lo que la respuesta legal que se la dé a la víctima de un accidente va a ser, también, lenta y mala. Y a esto debe agregarse que en los países subdesarrollados va a ocurrir con frecuencia que quien produzca el daño no tenga el dinero para indemnizar a la víctima.

Pero las leyes que regulan los accidentes son prácticamente iguales en los países desarrollados y en los países subdesarrollados. En el Ecuador, por ejemplo, hemos copiado nuestro derecho de daños de Francia.

La culpa consiste en no actuar como lo hubiera hecho una persona razonable.

Según la ley ecuatoriana, por regla general, la indemnización por un accidente solo procede si el responsable causó el daño obrando con culpa. La culpa consiste en no actuar como lo hubiera hecho una persona razonable. Una persona razonable es, en este contexto, alguien que prevé la realización de un accidente y hace una comparación: de un lado pone el costo que tendrá el accidente si se produce multiplicado por la probabilidad de que ocurra y, por otro lado, pone el costo de prevenir el accidente. Si lo primero es mayor que lo segundo, entonces toma las precauciones. Si no toma las precauciones, obra culpablemente y debe indemnizar a la víctima pagando una cantidad de dinero que sirva para compensarla.

Un sistema así tiene sentido porque garantiza que no se produzcan accidentes de alto costo social. Cuando era económicamente eficiente tomar precauciones que no se tomaron, el responsable debe pagar. Este sistema también permite que se produzcan accidentes de bajo costo social, aquellos en los que invertir recursos en evitarlos era más oneroso que dejar que ocurran.

Indemnizaciones no se concretan

Pero un sistema así parece poco conveniente para un país pobre. La idea de persona razonable parte de la premisa de que existe información y recursos para hacer una comparación de costos y probabilidades e invertir en seguridad. Pero en un país con pocos recursos y con información limitada, esto no funciona. Además, un sistema así supone que los jueces van a tener la probidad y las herramientas necesarias para examinar si un demandado obró culpablemente. Pero en los sistemas judiciales de los países subdesarrollados, es poco probable que la tengan. Y un sistema así también supone que el causante del daño va a tener los recursos suficientes para indemnizar. Pero, de nuevo, eso tampoco parece probable en los países pobres.

Tal vez sea el momento de pensar alternativas a nuestro sistema legal de derecho de daños. (O)