Con la consigna “Yo no soy indiferente ante los desaparecidos”, circula desde el mes de julio en redes sociales la campaña Sin Rastros Perdidos, orientada a la sensibilización ciudadana frente a esta problemática social y a promover el involucramiento de todas y todos en la búsqueda de las miles de personas desaparecidas en el Ecuador.

Actos sencillos como compartir la foto de una persona desaparecida en las redes sociales, prestar atención a los carteles que circulan en las calles o brindar información a las autoridades si se conoce el paradero de alguien que está siendo buscado, puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte. En suma, el llamado es a no ser indiferentes, a movilizarnos para visibilizar a quienes no están, para poner fin a la incertidumbre y unir fuerzas con los familiares en su incansable lucha que exige verdad y justicia.

Las causas de las desapariciones son multifactoriales, en el lenguaje jurídico se reconocen dos tipos: las voluntarias e involuntarias o forzosas. En el primer grupo las causales también son diversas, problemas familiares, sentimentales o la migración pueden ser detonantes para que una persona desaparezca. Las desapariciones involuntarias pueden ser accidentales si la persona padece alguna patología neurodegenerativa o psiquiátrica; pero los causales que más impactan en la sociedad, por la sensación de inseguridad que generan, son las desapariciones forzadas vinculadas a actividades criminales como la trata de personas, secuestros, homicidios, feminicidios y en muchos casos la desaparición de mujeres y niñas vinculada a crímenes de odio o círculos de violencia de género, etc.

Según la ONU, las desapariciones causan múltiples violaciones de los derechos humanos y dada la complejidad de este delito existen circunstancias en las que pueden ser juzgadas como crímenes de lesa humanidad, como los registrados en regímenes autoritarios y dictatoriales de nuestra Latinoamérica a lo largo de la historia.

Ningún país está libre de este tipo de violencia. En el Ecuador, según datos oficiales hasta diciembre de 2015 se encuentran en investigación 1718 casos de personas desaparecidas a nivel nacional, pero la responsabilidad del Estado no se limita al esclarecimiento de los casos y el castigo de los responsables, sino que está obligado a prevenir para garantizar el derecho a la vida, a la no violencia, a la integridad personal y a la igualdad y por ello es necesario promover políticas públicas efectivas ante la violencia estructural y económica, el patriarcado y todo tipo de discriminación social y cultural que generan situaciones de vulnerabilidad humana.

Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad innegable en la construcción de un clima favorable a la convivencia pacífica, al no banalizar el tratamiento periodístico de estos casos con el registro notarial de los hechos, la revictimización, exposición morbosa de los cuerpos y análisis limitados o prejuiciosos que no aportan a la toma de conciencia ciudadana sobre esta dolorosa realidad.

El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y como sociedad no podemos perder la capacidad de conmovernos e indignarnos frente a toda manifestación de violencia. Reflexionemos y actuemos, para desaparecer la indiferencia.