De 31.321 personas privadas de libertad (PPL) que hay en los 36 reclusorios del país, 12.391 se sienten inseguras en el recinto en el que se encuentran, cifra que equivale al 39,7 % de la población carcelaria.
Los datos son parte del censo realizado entre agosto y diciembre del año pasado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre otras instituciones.
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Asimismo, a nivel nacional, el 23,5 % de la población privada de libertad se siente insegura en el interior de su celda.
De Manabí, Guayas, Esmeraldas y Pichincha proviene el 56,1 % de población carcelaria de Ecuador
Especialistas consultados por este Diario creen que el porcentaje en los dos casos pudiera ser superior, pues basta ver los casos de reos ahorcados registrados recientemente y que evidencian la inseguridad de los reclusorios, según ellos.
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Eso, mencionaron, sin contar las masacres carcelarias que se dieron entre el 2021 y 2022 y que dejaron un saldo de 391 privados de libertad asesinados en medio de disputas entre bandas delictivas contrarias.
Entre los hallazgos más recientes de reos encontrados ahorcados consta el del miércoles 21 de junio, cuando los cadáveres de tres reclusos fueron hallados suspendidos sin signos vitales y con huellas de ahorcamiento.
Ocurrió en el interior de la cárcel de Riobamba, donde antes hubo requisa de dos armas de fuego, droga, celulares, 120 armas cortopunzantes, 200 litros de licor artesanal, $ 800 en efectivo, entre otros indicios.
El 12 de abril pasado seis reos amanecieron colgados en el pabellón 5 de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en Guayaquil. Dicho pabellón es comandado por Los Águilas, una de las bandas que está causando temor en el sistema carcelario por el cobro de vacunas a los privados de libertad, afín a Los Choneros.
Días después, el 23 de mayo, dos internos más fueron hallados ahorcados en uno de los pabellones de la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. A semana seguida, el 31 de mayo, dos PPL fueron encontradas sin vida en diferentes celdas del Centro de Rehabilitación de Varones n°. 1 Esmeraldas.
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), considera que las cifras del censo en cuanto a la percepción de inseguridad reflejan de manera “bastante limitada” la angustia de la población carcelaria.
“Sin duda, el Gobierno nacional, y el SNAI en particular, no controla las cárceles. Esta situación es categórica y frente al dominio, frente al control absoluto que tienen bandas organizadas que bajo el imperio de su fuerza extorsionan a la población carcelaria y a sus familias, la inseguridad es mucho más amplia, el espectro de inseguridad es mucho mayor”, expresó Navarrete.
El director ejecutivo de la CDH mencionó que la información del censo en líneas generales carece de contraste, ya que no hubo otra institución no gubernamental que acompañara el diseño e implementación del proceso.
Para Ernesto Pazmiño, exdirector del servicio de rehabilitación social, cree que el periodo que tomó la ejecución del censo fue muy largo y eso pudo tener afectación en los resultados obtenidos.
Al igual que Navarrete sostuvo que la percepción de inseguridad dentro de las cárceles es mayor y no solo de los presos, sino también del personal de seguridad e incluso de familiares de los reos debido a las masacres registradas que revelan, según él, que el Estado no controla los recintos penitenciarios.
Eso es determinante para Pazmiño y lo que trae como consecuencia la inseguridad y violencia en los reclusorios donde, dijo, también hay tráfico de drogas tal como ocurre afuera en algunas localidades el país.
“El problema es eliminar la causa de la violencia tanto en las cárceles como en la sociedad y esa eliminación de la causa de la violencia es terminar con el narcotráfico, terminar con la famosa guerra contra el narcotráfico que nos ha llevado solo a poner muertos y a llenar las cárceles de presos por drogas”, expresó él.
El exdirector del servicio de rehabilitación social refirió que es necesario optar por un nuevo mecanismo en esa lucha contra el narcotráfico que para él es que el Estado le quite la base económica y estructural de organización a las mafias dedicadas a este ilícito, es decir, que haya una regularización desde las instancias estatales. (I)