La Policía señaló, tras el asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría, que “no existió requerimiento de análisis de riesgo personal” para que se asignara servidores policiales. Asimismo, tampoco se recibió una “notificación inmediata” de María I., respecto de amenazas o necesidad de protección, a pesar del cargo que recientemente ocupaba.