‘Hemos reincorporado a más de 40 funcionarios a la ATM’: con acciones de protección exagentes buscan ser reincorporados a la institución

Renato M., Ezequiel M., Darío F. y Juan L. son parte de un grupo de 15 exvigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) que buscan regresar a la institución mediante una acción de protección grupal.

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Cuentan que salieron de dicha entidad por despido intempestivo, entre junio y agosto del 2017, cuando regía la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), norma en la que, según sus abogados Luis Ulloa y David Cabrera, no se podía usar esa figura para desvincularlos de la institución.

‘En una reunión entre la ATM, la Corte y la Fiscalía se pidió que los jueces circulen con vidrios polarizados por su seguridad’, dice Faddul Mosquera sobre chat con Mayra S.

Estos juristas guayaquileños asesoran a los exagentes y sostienen que en los últimos años han reincorporado a unos 40 funcionarios a la ATM, pero señalan que muchas acciones de protección las perdieron en segunda instancia.

Por eso hacen referencia al chat entre Mayra S., la comunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, y Faddul Mosquera, abogado de la ATM.

En la conversación que se publicó hace dos semanas, en el marco del caso Purga, ambos funcionarios conversaban en noviembre del 2023 sobre las acciones de protección y el deseo de que se suba a sala un fallo para poder apelar y “voltear eso”.

“Lo que ha destapado el caso Purga no nos interesa, pero con el chat viralizado se demuestra que la justicia ha estado parcializada”, dice Luis Ulloa.

Sobre aquello, Faddul Mosquera, abogado de la ATM, señala que la conversación de noviembre del 2023 con Mayra S. no conlleva ninguna ilegalidad.

Y explica que en una reunión que hubo en la Corte de Justicia del Guayas, el 17 de octubre de ese año, se le mencionó a la entonces presidenta Fabiola G. que había algunos casos de acciones de protección presentadas por exfuncionarios de la ATM, que mediante fallos judiciales estarían obteniendo no solo la reincorporación a la institución, sino también indemnizaciones de entre 50 y 80.000 dólares.

Esto cuando, según Mosquera, la vía correcta para solucionar un despido que se considera ilegal debería ser ante un juez de lo laboral.

Por su parte, David Cabrera, uno de los abogados de los 15 exvigilantes que aspiran a ser reincorporados, menciona que solo un par de horas antes del asesinato del exagente de la ATM Byron Sisalema, ocurrido el martes pasado en el cantón Durán, este los había llamado por teléfono para pedirles que intentaran otra acción de protección, porque quería regresar a trabajar a Guayaquil.

Ya lo había intentado en 2021 y la ganó en primera instancia, pero tras la apelación perdió. Sisalema habría salido de la ATM luego que le abrieran un sumario administrativo en 2019.

Los abogados de los accionantes refieren que desde diciembre del 2017 rige el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), la misma norma bajo la que se manejan los policías, militares y bomberos y que en esta tampoco se incluiría el despido intempestivo para la desvinculación de agentes.

Caso Purga: Fiscalía publicó en su página web parte de los chats de Mayra S.

Ganar una acción de protección implica no solo la reintegración del empleado a su puesto, sino también el pago del dinero que no ha percibido en los años que estuvo fuera de la institución.

En el caso de los vigilantes despedidos en 2017, sería el pago de más de 70.000 dólares a cada uno.

Pero Faddul Mosquera sostiene que han tenido casos de vigilantes que han sido separados de la institución por recibir coimas y a quienes se les abrió un sumario administrativo para su separación.

Insiste en que años después estos funcionarios consiguen ser reintegrados por un fallo judicial, pese a evidencias como los videos captados por las bodycam que usan los uniformados. (I)