La Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró este domingo, 29 de diciembre, que las pericias para identificar los cuerpos encontrados en Taura continúan y no se ha emitido ninguna confirmación oficial sobre sus identidades.

En un comunicado difundido por sus canales oficiales, la FGE desmintió las publicaciones que circularon en redes sociales, donde se aseguraba que ya habían sido identificados dos de los cuatro cadáveres hallados en Taura, parroquia rural del cantón Naranjal, provincia del Guayas.

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‘Quizás se identificó que uno de los cuerpos llevaba brackets, pero eso no significa que haya ya una confirmación de que es la identidad de uno de los menores’, dice abogado de familias de adolescentes desaparecidos en Taura

La institución enfatizó que los resultados de las pruebas serán entregados exclusivamente a las familias una vez que existan certezas científicas.

“El compromiso de la Fiscalía es llevar con transparencia esta y todas las causas a su cargo. Por ello, hacemos un llamado a manejar la información con responsabilidad”, subrayó el comunicado.

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Este Diario se comunicó con Fernando Bastias, abogado y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien ha acompañado a las familias de los adolescentes desaparecidos en Taura.

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Bastias negó rotundamente la veracidad de las publicaciones en redes sociales que aseguraban la identificación de dos de los cuerpos.

Agregó que el estado de los cuerpos encontrados en Taura imposibilitó que se les practique el reconocimiento por huellas dactilares.

“Quizás se identificó que uno de los cuerpos llevaba brackets, pero eso no significa que haya ya una confirmación de identidad. Por eso se hicieron pruebas de ADN, que son utilizadas cuando las demás pericias son insuficientes”, puntualizó el abogado.

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El hallazgo de los cuerpos en Taura está relacionado con la desaparición de cuatro adolescentes el pasado 8 de diciembre. Ellos fueron aprehendidos por militares en el sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

La versión inicial indicaba que los menores habrían participado en un robo, pero esta hipótesis fue descartada por el fiscal a cargo del caso, quien afirmó no haber encontrado evidencia de dicho delito.

En el marco de la investigación, 16 militares están siendo investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los adolescentes. La audiencia de formulación de cargos está programada para este 31 de diciembre, a las 10:00, en la Unidad Judicial Penal sur de Guayaquil.

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Uno de los militares implicados ha solicitado que el juez del caso se inhiba, argumentando que la desaparición forzada es un delito contra la humanidad y, por tanto, competencia de la Unidad Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado, con sede en Quito.

Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez, quien ratificó su competencia en el caso.

La FGE reiteró su llamado a evitar la difusión de información no verificada, especialmente en casos sensibles como este, pues están en juego el dolor y la dignidad de las familias afectadas.

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Mientras tanto, las familias de los adolescentes desaparecidos esperan respuestas claras y basadas en evidencia científica sobre lo ocurrido. Según Bastias, cualquier avance será comunicado de manera oficial y con respeto a los procedimientos legales. (I)