PORTOVIEJO
El exjuez de Garantías Penales de Portoviejo Javier Vicente L. V. fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de prevaricato, en una acción emprendida por el Consejo de la Judicatura. Esto porque en el 2019 redujo la condena por asesinato que pesaba en contra de un expolicía, quien junto a otros cinco gendarmes fueron sentenciados por la muerte de dos hombres.
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Fue el 16 de octubre de 2011, cuando Luis Jaramillo y Danilo Bowen Zambrano, según los relatos de ese momento, fueron interceptados por varios policías en Manta.
Tras la denuncia de su desaparición realizada por sus familiares, los cuerpos sin vida de estas dos personas fueron hallados el 18 de octubre de ese año con señales de tortura y disparos en sus cuerpos, cerca de una cantera.
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Luego de una investigación, el 14 de septiembre de 2012, los jueces del Sexto Tribunal Penal de Manta sentenciaron a Leonardo Rafael U. V., Harold Smith B. T., Freddy Javier R. Ch., Wilson Monserrate L. C., Diego Armando L. V. y Lorgio Marcelo I. G., a 25 años de prisión.
Pero en el 2019, cuando Javier L. V. se desempeñaba como juez de Garantías Penales de Portoviejo determinó que se rebajara la sentencia en contra de uno de los implicados en esa sentencia.
La sanción fue impuesta el pasado viernes por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, acción que puede ser interpelada por el acusado.
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En un comunicado del Consejo de la Judicatura (CJ) se indicó que en la reinstalación de la audiencia de juicio los magistrados señalaron que la pena al exjuez se interpone, porque el 19 de marzo de 2019 redujo de 25 a 13 años una condena por asesinato que pesaba en contra de un expolicía.
“Para ello adujo un principio de favorabilidad sin fundamentos y cambió el tipo penal de asesinato a extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Adicionalmente, hizo que esta rebaja de pena se extienda a otras cinco personas que fueron sentenciadas por el mismo caso de asesinato”, según el comunicado del CJ.
El documento indica también que se emitió pese a que los acusados se encontraban cumpliendo la pena en la ciudad de Quito y no en Portoviejo, donde ocurrieron los hechos y que, por lo tanto, estaban fuera de la competencia territorial del exjuez, que no podía actuar.
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“Durante el proceso, el 19 de mayo de 2021, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó acusación particular en contra de J. V. L. V. También compareció a la respectiva audiencia de juicio, en la cual los argumentos de la defensa técnica del Consejo de la Judicatura fueron tomados en cuenta al emitir la condena”.
En la actualidad, sobre el exfuncionario judicial pesan medidas sustitutivas, por ejemplo, debe presentarse una vez por semana ante la autoridad designada para el cumplimiento de la medida alternativa a la prisión preventiva. (I)