En la última semana de julio, Ecuador registró una nueva jornada de masacres carcelarias que causó al menos 31 personas asesinadas y 14 personas heridas. Como consecuencia, Guillermo Rodríguez, el presidente del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que administra el sistema penitenciario en Ecuador, presentó su renuncia.
Rodríguez fue el quinto titular del SNAI durante el gobierno de Lasso. En el cargo estuvieron antes Edmundo Moncayo, Fausto Cobo, Bolívar Garzón y Pablo Ramírez. Pero aún más frecuentes que las renuncias de los titulares han sido las masacres carcelarias que se registran desde el 23 de febrero del 2021 y que han cobrado la vida de más de 400 presos hasta finales del 2022.
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Según Wagner Bravo, el secretario de Seguridad Nacional y del Estado, las razones de la crisis carcelaria son la baja institucionalidad y los actos de corrupción en las instituciones del Estado.
En una entrevista en el programa El Mono López, transmitido por Radio City (89.3 FM en Guayaquil), Bravo explicó que hay cerca de 40.000 personas privadas de libertad (PPL) y que solo hay 3.000 guardias para contener a esta población en las cárceles. Para mejorar la efectividad, indicó que se necesitan al menos 1.500 guardias más.
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Sin embargo, no es suficiente con aumentar la cantidad de seguridad. “Hay que formarlos bien para evitar la corrupción”, señaló el funcionario. Bravo mencionó que los primeros guardias penitenciarios completaron su formación en dos meses, los siguientes lo hicieron en cuatro meses y ahora están trabajando para ofrecer una formación completa y real para evitar ser corrompidos.
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“En este año hay 273 procesos administrativos de investigación y hasta penales —detalló Bravo— a aquellos funcionarios administrativos y agentes penitenciarios que han sido detectados en actos de corrupción y que, por medio de coerción o plata, también se venden y permiten que ingresen los elementos a las cárceles”.
Lo que sucede, afirmó, es que hay jueces que permiten que los policías dados de baja retornen a la institución y sigan cobrando sueldos del Estado.
Tras ser cuestionado por Andrés López sobre el rol de los directores del SNAI, que no permanecen en el cargo por un largo tiempo, Bravo argumentó que no se trata de cambiar de director para que cambie la situación.
El periodista trató además sobre la depuración del personal corrupto en el SNAI, haciendo referencia a las armas y paquetes de droga que fueron encontrados en el tumbado de sus oficinas.
“Esto es un problema estructural fuerte. (...) Hay un nivel de corrupción muy alto”, respondió el secretario. “El SNAI tiene ahora una Dirección de Inteligencia Penitenciaria. No es cuestión de que mañana pones una persona y mañana la información fluye. Hay que introducirla en el ambiente, y nos toma tiempo”, agregó.
La conflictividad en las cárceles y en las calles, opina el especialista, es por la lucha de las bandas criminales de mantener el control del territorio para sus delitos.
De acuerdo con Bravo, están tratando de implementar un sistema de seguridad pública del Estado “que permita detener esta coyuntura al mediano plazo”.
“Esto es un problema del Estado, no del Gobierno”, sentenció el funcionario. (I)