Un juez dictó prisión preventiva para 27 implicados en el robo a cajeros automáticos y carros blindados. Además dispuso el arresto domiciliario para otros cuatro sospechosos.
La Fiscalía procesa en total a 31 personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
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El perjuicio a las entidades bancarias ascendería a los tres millones de dólares.
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A más de los delitos de robo a cajeros automáticos y vehículos blindados, los implicados estarían vinculados a secuestros, extorsión, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros.
Los procesados fueron detenidos en un operativo liderado por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, la madrugada de este miércoles, 5 de febrero, en Guayas y Santa Elena.
Según la Fiscalía, la investigación se inició en agosto de 2024 por hechos denunciados en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Manabí debido a los robos a cajeros automáticos mediante la utilización de lanzas térmicas (herramientas que funden y cortan metales mediante el uso de oxígeno a presión).
Dentro de la audiencia, el fiscal del caso presentó partes informativos y de aprehensión, versiones de los agentes que participaron en el operativo y el acta de los indicios levantados en los allanamientos.
Además se mostraron los informes de interceptaciones telefónicas, extracción de mensajes, análisis de seguimiento y vigilancia, pericia técnica de explotación y correlación telefónica, entre otros.
Los sujetos con prisión preventiva son José Gabriel V. S. (presunto cabecilla de la organización), José V. V., Bruno V. V., Miguel V. C., Marcos G. R., Michael P. B., Nelson C. S., Wilmen Z. G., Miguel R. V., Josselyn M. S. y Washington D. D.
La misma medida fue impuesta contra Ana C. F., Clementina S. V., Jefferson Z. M., Carlos A. P., Silvana V. C., Grace A. S., Ángela G. R., Guillermo A. R., Michel B. V., Víctor A. R., Alexandra A. R., Santiago R. G., Allison M. P., Henry Q. A., José J. C. y Yervis C. R.
Para José P. L., Edwin C. R., Patterson N. C. y Fabián D. G. se dispuso el arresto domiciliario, ya que se acreditó que padecen enfermedades graves y son personas de la tercera edad.
Este caso se procesa con base en lo dispuesto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La instrucción fiscal durará 90 días. (I)