La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años y cuatro meses de prisión contra César P. R. por los delitos de violencia sexual y violación cometidos contra su exconviviente Rosa R. en septiembre de 2023 en el cerro San Eduardo, en el noreste de Guayaquil.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 21 de septiembre de 2023, cuando el agresor irrumpió en el domicilio de la víctima.
De acuerdo con la investigación, el hombre atacó físicamente a la mujer, la insultó y la obligó a permanecer dentro de la vivienda. Allí la retuvo durante dos días y la agredió sexualmente.
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La mujer logró escapar y recibió ayuda de vecinos del sector, quienes alertaron a la Policía Nacional.
Los agentes aprehendieron al agresor y lo pusieron a órdenes de la autoridad judicial. Sin embargo, durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el juez dispuso medidas cautelares alternativas, como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
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Tres meses después, en la víspera de Nochebuena, el procesado asesinó a su exconviviente y huyó a Perú. Tras el crimen, la Fiscalía solicitó la difusión roja de la Interpol, lo que permitió su localización, captura y posterior extradición a Ecuador en agosto de 2025.
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El 17 de diciembre de 2025, en una causa distinta, la Fiscalía formuló cargos por el delito de femicidio. La jueza de la Unidad de Violencia Intrafamiliar dictó prisión preventiva y ordenó medidas de protección a favor de los hijos de la víctima, conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Este proceso continúa en etapa penal.
Durante el juzgamiento por la primera causa, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales. Entre los elementos constaron informes médico-legales, historia clínica, evaluación psicológica, reconocimiento del lugar de los hechos y nueve testimonios de agentes investigadores, peritos y familiares.
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Con base en estas pruebas, el Tribunal Penal acogió de forma unánime la tesis de la Fiscalía y dictó la sentencia condenatoria. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una multa equivalente a 1.066 salarios básicos unificados y una reparación integral de $ 5.000 a favor de la familia de la víctima.
En este caso el hombre fue procesado con base en los artículos 158 y 171 del COIP, en concordancia con las agravantes establecidas en el artículo 48, numerales 5 y 9. (I)
