Utópica o no, la disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso, es hacer en seis meses que le quedan al Gobierno lo que estaba previsto realizar en dos años, en materia de seguridad. Así lo indicó Juan Zapata, ministro del Interior, durante la jornada de trabajo que cumplió en Guayaquil este martes 23 de mayo.
Ecuador vive una compleja situación política luego que el 17 de mayo el primer mandatario suscribiera el Decreto Ejecutivo 741 que viabilizó la muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional, amparándose en el artículo 148 de la Constitución, bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna”.
Con ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a elecciones generales anticipadas de asambleístas y presidente de la República para que completen lo que resta del periodo, que concluye en mayo del 2025. Los comicios se realizarían este 20 de agosto y, de no haber una segunda vuelta presidencial, entre octubre y noviembre estarían posesionadas las autoridades.
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“Todos los ministros a territorio, y en el caso de seguridad estamos dejando las bases muy importantes, nosotros recibimos una institución (policial) debilitada, hoy la estamos fortaleciendo. En el año anterior se graduaron 1.600 policías, en este año se van a graduar 13.500 policías”, expresó el ministro Juan Zapata con relación al ofrecimiento que hiciera el Ejecutivo el 8 de abril del 2022 de incorporar 30.000 nuevos agentes del orden en sus próximos tres años de gestión, que ahora se acortaron por la coyuntura política.
Infraestructura policial
El secretario de Estado señaló que está en marcha el proyecto de construcción de 85 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y 6 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) a escala nacional, con un presupuesto de $ 110 millones.
“Ya es un contrato que se está ejecutando, eso ya inclusive la empresa (contratista) recibió un anticipo de $ 38 millones, por lo tanto, es imposible que eso no se ejecute”, respondió el ministro al ser consultado si por el panorama político hay el riesgo de que el proyecto quede truncado.
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Todas las UPC, dijo Zapata, se entregarán en este año y las UVC en marzo del 2024. Hasta que culminen las construcciones los uniformados que se incorporen a los diferentes territorios del país tendrán alojamiento provisional que se coordinará y tendrá el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados.
¿Qué pasará con los cuarteles intermedios?
Una de las propuestas gubernamentales del año pasado fue la edificación de 20 cuarteles intermedios, en el marco de un nuevo modelo de gestión de las sedes policiales. Este plan surgió luego de múltiples ataques que sufrieran varias UPC a inicios de noviembre del 2022 por parte de grupos de delincuencia organizada.
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La idea es que los cuarteles intermedios alberguen de 150 a 250 uniformados, donde inclusive se puede aumentar el número de hombres y que estos dispongan de espacios adecuados para vivir, capacitarse y cumplir diversas actividades.
En febrero de este año el ministro Juan Zapata mencionó que tenían listos diseños, estudios, presupuestos y plazos para encaminar este plan siguiendo los procesos de contratación pública. Se consideró a las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Consultado sobre el tema, el secretario de Estado dijo este martes 23 de mayo que el proyecto se complicó, entre otras cosas, porque como en febrero de este año hubo elecciones seccionales que se posesionaron este mayo no se concretó un trabajo con las autoridades salientes.
“Ese es un modelo (cuarteles intermedios), ese sí tiene que apoyarse en el tiempo, porque quizás hasta fin de mayo haremos lo posible para que se dé, al menos la primera fase, pero tenemos una fase para el siguiente año”, comentó.
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Los chalecos antibalas
Zapata indicó que esta semana se adjudicará la compra de chalecos antibalas para los agentes policiales (52.000 uniformados), el proceso se inició a finales de enero del 2023.
“Es un proceso internacional en donde se ha pedido, por primera vez, una certificación, porque los niveles de violencia que están recibiendo los policías no solamente son con arma corta sino con arma larga. Por lo tanto, ese chaleco tiene que tener una certificación que si bien es cierto es americana, pero tiene una connotación mundial que garantiza, efectivamente, que ese chaleco sea lo mejor que puede recibir el policía”, expuso.
El contrato es por $ 36 millones y estipula que 30 días después de la adjudicación haya entregas parciales de los dispositivos de seguridad.
Ecuador ha soportado en los últimos años una escalada del crimen organizado y muertes violentas que ni diez estados de excepción decretados en dos años del Gobierno actual en materia de seguridad han logrado contener.
Las cifras de muertes violentas subieron entre el 2021 y lo que va de este 2023 a escala nacional. En el primer periodo hubo 2.464 casos, mientras que en 2022 se registraron 4.614 crímenes. Y en los primeros dos meses del año en curso se reportaron 945 homicidios intencionales.
Este escenario de violencia se atribuye a la disputa entre bandas locales que tienen nexos con el narcotráfico internacional, con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. (I)
