El general Víctor Herrera, quien está a cargo de la seguridad de Guayaquil, Durán y Samborondón, mencionó que todo sujeto detenido con armas, explosivos o que sea hallado atentando contra entidades públicas o privadas -o contra vehículos- va a ser procesado por el delito de terrorismo, que según el COIP puede tener una sentencia de entre diez y trece años.