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Personal de la Prefectura de Guayas se movilizó hasta esta localidad para atender a los sectores afectados.
Docentes de la Universidad de Guayaquil participaron en mesa redonda para analizar la situación de la estructura ubicada en la parroquia Magro.
Hay sentencias en firme del Tribunal Contencioso Electoral que negaron reclamos a los resultados en Pichincha y Guayas.
El juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para ambos procesados.
En operativo se detuvo a tres personas presuntamente implicadas en esta modalidad delictiva. Operaban desde Guayaquil, Ibarra y Durán.
Las instituciones que no son fiscales podrán presentar su propio cronograma.
La estructura, ubicada en la parroquia Magro, colapsó el pasado 19 de marzo y dejó cuatro personas fallecidas y una desaparecida.
Habían sido detenidos durante un operativo desarrollado el 20 de marzo anterior en las provincias de Los Ríos, Chimborazo, Guayas y Pichincha.
Esta carretera es esencial para la comunicación entre ambas provincias.
Tres exconsejeros y una actual consejera de Participación Ciudadana son acusados de ser autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Liga2.
En enero de 2025, médicos, enfermeros, entre otros, arrancaron con su año de salud rural. En rurales de Los Ríos, Manabí y Guayas hay reportes de inseguridad.
Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables de esta red ilícita.
Marcela Aguiñaga estuvo este viernes en una comisión de la Asamblea Nacional.
En ese año se convirtió en el de mayor extensión del país.
Aguiñaga comparecerá ante la Comisión de Gobiernos Autónomos, en el marco de un proceso de fiscalización para averiguar las causas de la tragedia.
Estos recursos se destinarán a Esmeraldas, Manabí, El Oro, Guayas, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Imbabura, Loja, Azuay, Orellana y Zamora Chinchipe.
El caso Plaga arrancó investigando a 31 personas, pero luego de 15 sentencias reducidas y dos abstentivos, solo quedan siendo procesadas 14 personas.
Los sujetos vestían prendas similares a las de la Policía Nacional, que serían utilizadas para cometer delitos.
Un estudio de Japu evidenció los servicios conocidos como ecosistémicos que da esta área protegida y calculó su precio.
A Mayra Salazar se la acusa de mantener un contacto directo con el narcotraficante Leandro Norero para negociar con jueces dispuestos a recibir sobornos.