Con la presentación de la prueba documental que mantiene el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, para acusar a once personas por el delito de obstrucción de la justicia es como arrancó el cuarto día de audiencia de juzgamiento en el caso Independencia Judicial, proceso penal que está a cargo de los conjueces temporales Olavo Hernández (ponente), Hernán Barros y Édison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La etapa de juicio se instaló el miércoles 4 de diciembre pasado contra el expresidente y la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán y Maribel Barreno, respectivamente, quienes son acusados como autores del delito de obstrucción de la justicia, así como contra otros nueve exfuncionarios de la Judicatura definidos como cómplices. Todos son procesados por evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces juez de la Corte Nacional Walter Macías actuara dentro del caso penal por tráfico de influencia denominado Vocales.
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Durante la primera jornada se presentaron un perito y dos testigos, entre quienes estuvo Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del CJ en la época de Terán. Para el segundo día de audiencia, a la sala fueron traídos el exdirector general del CJ David Guzmán y seis testigos, entre peritos criminalísticos, expertos en el cotejamiento de voces, en la extracción y materialización de información del Sistema de Gestión Documental del CJ (Siged), además de funcionarios de las subdirecciones de Control Disciplinario y Asesoría Jurídica y Normativa de la Judicatura.
El viernes 6 de diciembre último, en el tercer día de audiencia, el fiscal general subrogante avanzó con su presentación de la prueba con la intervención de tres peritos criminalísticos que realizaron informes sobre el estudio de documentos relacionados con el caso, el reconocimiento del lugar de los hechos y la materialización de un audio de la sesión del pleno del CJ en la que se conoció la denuncia de Esteban Celi, procesado en el caso Las Torres, contra Walter Macías.
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La etapa de juicio en Independencia Judicial se instaló luego de más de cuatro meses de que fueron llamados a juicio por obstrucción de la justicia Terán, Barreno y los exfuncionarios del CJ Milton A., Jessica Ch., Santiago C., Liberton C., Carlos G., Andrés J., Milton H., Katherine L. y Olga V.
Toainga aseguró en su “alegato de apertura” que probará en la audiencia de juzgamiento que el expresidente Terán y la exvocal Barreno, con la colaboración de los nueve entonces funcionarios de la Judicatura, desde sus cargos dentro de la Función Judicial y mediante actos de intimidación, interfirieron en la libertad de actuación del entonces juez nacional Macías, abogado que actúa en la diligencia en calidad de víctima.
La Fiscalía sostuvo que este caso se inició en el momento en que se formularon cargos por el delito de tráfico de influencias contra los aún vocales del CJ Maribel Barreno y Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jahyya. La causa recayó, por sorteo de ley, en manos de Macías, quien señaló el inicio de la instrucción fiscal para el 4 de mayo de 2023, lo cual no se dio porque los procesados “emprendieron varias conductas ilegítimas” destinadas a evitar que el magistrado asumiera el proceso.
Inmediatamente luego que Toianga termine con la presentación de su prueba testimonial, pericial y documental, será el turno para intervenir en la diligencia para actuar su prueba de los abogados de la Procuraduría General del Estado y el Consejo de la Judicatura, instancias públicas que actúan como acusadores particulares, y del exjuez Macías, quien asiste al juicio como víctima y lleva adelante su propia defensa.
Concluidas las intervenciones de quienes acusan, deberían hacer uso de la palabra los abogados defensores de los once acusados, para presentar la prueba que mantienen para asegurar, como lo dijeron en los “alegatos de apertura”, que son inocentes, que no existe el delito investigado y que lo que se está procesando penalmente son temas actuación eminentemente administrativa. (I)