“La génesis de este proceso penal no es la recusación dentro de otro proceso, no es mi postura de abstención en las sesiones donde se adoptó las decisiones de suspensión como medida preventiva y de destitución del exmagistrado Walter Marcías, sino es una persecución sistemática de la que sí soy víctima directa desde el año 2021 por parte de la señora fiscal general del Estado (Diana Salazar)”. Así inició el testimonio que decidió dar la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno, como medio de defensa, en el juicio que se le sigue a ella y a otras diez personas por el delito de obstrucción de la justicia. Barreno y su defensa fueron segundos dentro de los procesados en intervenir en la audiencia de juzgamiento dentro del caso Independencia Judicial, proceso penal que entró en su séptimo día de diligencia.
Desde el 4 de diciembre pasado, los conjueces temporales Olavo Hernández (ponente), Hernán Barros y Édison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conocen las pruebas que mantiene la Fiscalía, la Procuraduría, el CJ y la víctima, el exjuez Walter Macías, respecto a que los once acusados intervinieron en evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces magistrado nacional actúe dentro del caso penal por tráfico de influencia denominado Vocales.
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En Independencia Judicial se acusa a la exvocal Barreno y al expresidente de la Judicatura Wilman Terán de ser lo autores del delito de obstrucción de la justicia en calidad de líderes; mientras que los otros nueve exfuncionarios del CJ fueron definidos como cómplices.
Barreno, quien se encontró acompañada de su abogado defensor Christopher Gallegos, aseguró que ha llegado a la conclusión de que la ‘persecución’ en su contra se dio porque siempre se mantuve firme en sus decisiones, porque no se sometió, ni formó parte de una “estructura de poder devoradora que ha pretendido y ha generado zozobra, terror en el sistema judicial del Ecuador normalizando la instrumentalización de procesos penales en contra de quienes son considerados adversos. Esto con el beneplácito de ciertos medios de comunicación, actores políticos y jueces que han sido presionados”.
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La procesada en Independencia Judicial fue designada como vocal principal del Consejo de la Judicatura en enero de 2019, el 29 del mismo mes y año fue posesionada en la Asamblea Nacional y se mantuvo en funciones hasta el 28 de septiembre de 2023, fecha en que fue removida del cargo como parte de una decisión judicial adoptada por Macías, como juez del caso Vocales, causa en las que llamó a juicio no solo a Barreno, sino también al exvocal del CJ Juan José Morillo y al expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya.
“Cumplí mis funciones con responsabilidad, ética, transparencia y con absoluta observación del marco normativo que rige en este país. Además, jamás he ocupado o desempeñado un cargo de libre nombramiento y remoción por afinidad a un movimiento político o dentro de un gobierno de turno. Esto permitió que actúe sin ningún compromiso, sin presiones, sin afectos, desafectos y que tenga la posibilidad estricta de negarme ante requerimientos de injerencia en procesos judiciales de connotación nacional”, aclaró Barreno.
La investigación del caso Vocales se inició en junio de 2022, luego que un exasambleísta y un abogado denunciaron el hecho, basándose en la difusión por parte de un medio digital de la grabación de una conversación entre los vocales Barreno y Morillo y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En este diálogo grabado se habla de una acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori, a la fecha presidenta de la Asamblea Nacional, para mantenerse en el cargo.
Según la Fiscalía, los procesados se habían reunido en un edificio particular en el norte de Quito, donde se trataron los detalles de ese recurso constitucional, que se encontraba en conocimiento del Tribunal Tercero de la Sala de la Familia de la Corte Pichincha, en el que uno de los jueces integrantes era Gustavo O.
La exvocal principal del CJ en representación de la Fiscalía en su testimonio no solo aseguró que es inocente de lo que se le acusa, sino también dijo que ninguno de sus asesores hoy procesados junto a ella, Milton A., Jéssica Ch. u Olga V., participaron en la redacción del documento con el que se le suspendió al juez Macías.
Barreno cuestionó los testimonios entregados por su excolega de pleno Xavier Muñoz y de otros exfuncionarios del CJ, de quienes dijo, hablaron en este caso debido a las presiones hechas desde la Fiscalía. Cree que la enemistad de Macías contra ella nace de la destitución del cargo de juez de su hermano, decisión administrativa tomada en 2023 y que Barreno apoyó. (I)