Un total de cuatro días y medio le tomó al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentar 22 testigos y peritos y 40 pruebas documentales para fundamentar la acusación contra once personas procesadas por ser parte de una red que buscó evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías actuara legalmente dentro del caso penal por tráfico de influencias denominado Vocales.