Luego de casi 16 horas de audiencia dados entre la tarde del sábado 20 y madrugada de este domingo 21 de julio, en la segunda reinstalación de la diligencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial, el conjuez Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), entró en etapa de deliberación, es decir, a analizar si resuelve llamar o no juicio al expresidente y la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán y Maribel Barreno, respectivamente, y a otras nueve personas acusadas del delito de obstrucción de justicia.
En la segunda jornada de esta diligencia, la cual arrancó la noche del viernes 19 de julio, luego de un sinnúmero de incidentes provocados por Wilman Terán, se escuchó por casi siete horas el dictamen acusatorio emitido por el fiscal general subrogante Wilson Toainga en el que se define a Terán y Barreno como autores directos del delito de obstrucción de la justicia; mientras que como cómplices a Andrés J., secretario general (e) del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ; los funcionarios y exfuncionarios judiciales Milton A. y Santiago C., Liberton Santiago C., Jéssica Ch., Milton H. y Olga V.
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Las once personas procesadas son acusadas de tener relación con actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el entonces juez de la CNJ Walter Macías no siga frente a casos Las Torres, en el que era procesado el excontralor general Pablo Celi, su hermano y otros, y el relacionado a un tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy exvocales Barreno y Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhaya.
“Por dos ocasiones se impidió que un juez competente, sorteado conforme a la ley, actuara libremente en el proceso en su reconocimiento, con interferencias ilegítimas y a través de actos destinados a intimidarlo -su suspensión, por ejemplo-. Dichas ilegitimidades surgieron con el pretexto de ejercer la potestad administrativa y disciplinaria que ostenta el CJ”, señaló la Fiscalía desde su cuenta institucional de la red social X.
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La reinstalación de la audiencia arrancó con la intervención de Terán, quien ejerció su propia defensa, y del abogado Christopher Gallegos, defensa de la exvocal Barreno. Ambos compartieron la teoría de que en este caso no existe delito y que en ninguna forma el fiscal Toainga presentó elementos de convicción que le lleven al conjuez Inga a resolver que es necesario que sean llamados a juicio, como lo pide la Fiscalía. Más bien lo que procede, creen, es que se emita un sobreseimiento.
Los abogados de los restantes procesados en calidad cómplices también solicitan se emita un auto de sobreseimiento, pues, con diferencia en sus fundamentos, aseguraron que ninguno participó en ninguna ilegalidad. Incluso, varias de las defensas de los acusados piensan que han sido involucrados con base en testimonios anticipados de exfuncionarios judiciales y coprocesados que por buscar bajar su pena “mintieron”.
En este caso ya fue sentenciado a nueve meses de cárcel el exvocal del CJ Xavier Muñoz. Él no solo se acogió al procedimiento abreviado, luego de reconocer que participó en los hechos ilícitos que le acusó la Fiscalía, sino también fue beneficiado por una rebaja de la pena por la cooperación eficaz que entregó la justicia para este y otras causas que están siendo investigadas por la Fiscalía.
En mayoría no existieron acuerdos probatorios y sobre las exclusiones de pruebas señaladas por las partes procesales el conjuez deberá decidir. A las 05:30 de este domingo 21 julio Inga suspendió la audiencia preparatoria de juicio, explicando que por la hora queda para este lunes 22 de julio, a las 17:00, la audiencia en la que se evaluarán los pedidos relacionados con las medidas cautelares solicitadas por la procesada Olga V. y por el Consejo de la Judicatura.
Durante esta diligencia se ausentaron de la sala el procesado Wilman Terán y sus abogados. Todos fueron a otra sala de la Corte Nacional para que se instale la audiencia en la que se analizaría un habeas corpus que presentó el expresidente de la Judicatura, quien no quiere seguir más en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, pues asegura que en una incursión de agentes de fuerza pública a esa prisión, el 18 de julio pasado, se le violentaron sus derechos.
El conjuez Inga no dio una fecha en la que convocará para dar su resolución oral sobre si llama no a juicio a las once personas procesadas por obstrucción de la justicia y su decisión respecto a las exclusiones probatorias. Lo único que mencionó es que los sujetos procesales serán notificados con la debida anticipación.
Los hechos irregulares investigados por la Fiscalía:
1.- Suspender a un juez nacional con dos votos afirmativos versus dos abstenciones, actuando en contra del artículo 263 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y de los artículos 76.3 y 83 de la Constitución de la República.
2.- Tomar decisiones sin haber informado por completo y adecuadamente a los expedientes disciplinarios.
3.- Destituyeron a un juez nacional con dos votos afirmativos, pese a que se encontraban cuatro vocales conectados a la sesión extraordinaria.
4.- Subsumieron la actuación del juez a una causal que nada tenía que ver con los hechos administrativos denunciados, artículo 109 del COFJ.
5.- Intervinieron de forma deliberada los vocales Wilman Terán y Maribel Barreno, a través de sus asesores, por un lado, en el seguimiento del expediente, así como la revisión y corrección de los documentos que se tramitaban en el expediente disciplinario; por el otro, los informes que iban a conocer en el pleno, con las recomendaciones de suspensión y destitución del juez Walter Macías, respectivamente.
“Para que esto ocurra, cada uno de los once acusados juzgó su papel, según los resultados que logró la investigación”, sostuvo la Fiscalía en su dictamen acusatorio. (I)