Cuatro procesados más en el caso Independencia Judicial son llamados a juicio, junto a Wilman Terán y Maribel Barreno

En calidad de colaboradores es como el conjuez Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), decidió llamar a juicio a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), mientras que en favor de otros cinco acusados por Fiscalía, el magistrado emite un auto de sobreseimiento, dejándolos fuera de la causa penal y levantando toda medida cautelar que pesa sobre ellos. La decisión oral del magistrado se conoció la tarde de este lunes, 29 de julio.

Entre quienes deberán enfrentar la etapa de juzgamiento, además del expresidente y la exvocal de la Judicatura, Wilman Terán y Maribel Barreno, respectivamente, quienes fueron llamados a juicio en como autores directos, están los funcionarios y exfuncionarios judiciales Milton A. H., Carlos Alberto G. N.; Santiago C. C., asesor directo y hombre de confianza del ahora expresidente de la Judicatura también procesado Wilman Terán, y Andrés Paúl J. B., secretario general (e) del CJ.

Con relación a ellos, el conjuez en su análisis explicó que existen elementos suficientes para presumir de la intervención de todos, desde los cargos ocupados como funcionarios públicos, en las acciones irregulares que se adoptaron para suspender y separar del cargo al hoy exjuez nacional Walter Macías. Lo que se habría evidenciado en estos casos es el uso abusivo de la potestad entregada por la ley a las autoridades y los funcionarios.

En cambio, en relación con los sospechosos contra quienes no se pudo comprobar que fueron parte de los ilícitos perseguidos, el conjuez agregó que se analiza que no son cómplices del delito, pues solo cumplieron, en el ámbito de sus funciones, disposiciones de sus superiores, no tenían facultad en las decisiones a adoptarse y tampoco evidenciaron una actitud dolosa.

En la lista de cinco sobreseídos por Inga por falta de elementos de convicción están Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ; Jessica Ch., Olga V., Liberton Santiago C. J. y Milton H. M., exasesor de Wilman Terán.

Wilman Terán y Maribel Barreno son llamados a juicio como autores directos de obstrucción de la justicia

Los seis procesados que van a juicio deberán defenderse de las acusaciones hechas por la Fiscalía de tener relación con actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el entonces juez de la CNJ, Walter Macías, no siga frente a casos Las Torres, en que era procesado el excontralor general Pablo Celi, su hermano y otros, y el relacionado a un tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy exvocales Barreno y Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.

Hace más de un mes, en este mismo caso, fue sentenciado a nueve meses de cárcel el exvocal del CJ Xavier Muñoz. Él no solo se acogió al procedimiento abreviado, luego de reconocer que participó en los hechos ilícitos que le acusó la Fiscalía, sino también fue beneficiado por una rebaja de la pena por la cooperación eficaz que entregó la justicia para esta y otras causas que están siendo investigadas por la Fiscalía.

Respecto a la exfuncionaria judicial Marcela Vaca, también investigada en 120 días de instrucción fiscal, recibió un dictamen abstentivo.

En la parte final de la resolución oral, el conjuez Inga no dio paso al pedido hecho para que se declare maliciosa y temeraria la denuncia presentada por la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la víctima indirecta, el exjuez Walter Macías.

Respecto a Wilman Terán y la orden que el conjuez Inga dio para que se mantenga en la Cárcel 4, en Quito, mientras se realiza la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Independencia Judicial, el magistrado nacional señaló que una vez que ha concluido esta fase del proceso queda en manos del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para que, respetando su integridad personal, sea llevado al Centro de Privación de la Libertad (CPL) que corresponda. Terán se mantenía por decisión del SNAI en la cárcel de máxima seguridad La Roca, de Guayaquil. (I)