Una vez el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, ha evacuado dieciséis testigos y peritos y ha presentado 40 pruebas documentales dentro de la audiencia de juzgamiento del caso Independencia Judicial, la Fiscalía, como acusación oficial, se prepara para este lunes, 9 de diciembre, cerrar con la exposición de la prueba que mantiene para acusar a once personas del delito de obstrucción de la justicia.
La audiencia de juzgamiento está a cargo de los conjueces temporales Olavo Hernández (ponente), Hernán Barros y Édison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y se instaló el 4 de diciembre pasado. Hasta el momento han transcurrido cuatro jornadas de juicio contra el expresidente y la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán y Maribel Barreno, respectivamente, y otros nueve exfuncionarios de la Judicatura.
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Aunque todos son procesados por evitar, mediante suspensiones y destituciones, que el entonces juez de la Corte Nacional Walter Macías actuara dentro del caso penal por tráfico de influencias denominado Vocales, Terán y Barreno son acusados como autores, mientras que el resto como cómplices.
El sábado último, en el cuarto día de diligencia, Toainga hizo conocer las 40 pruebas documentales que tiene para sustentar su acusación y luego continuó con la evacuación de testigos: el decimocuarto, un perito criminalístico que practicó una pericia de inspección ocular técnica sobre el allanamiento ejecutado el 12 de mayo de 2023 en el CJ, en Quito; el décimoquinto testigo fue un perito criminalístico que realizó un informe sobre el allanamiento al piso 7 del edificio del CJ; y el decimosexto fue otro perito criminalístico que presentó dos informes de materialización y preservación de información y transcripción de archivos multimedia.
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Toainga señaló ante el presidente del tribunal que cerca de 18 testigos y peritos serían presentados en audiencia para probar que el expresidente Terán y la exvocal Barreno, con la colaboración de los nueve entonces funcionarios de la Judicatura, desde sus cargos dentro de la Función Judicial y mediante actos de intimidación interfirieron en la libertad de actuación del entonces juez nacional Macías, abogado que actúa en la diligencia en calidad de víctima.
Durante la primera jornada se presentaron un perito y dos testigos, entre quienes estuvo Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del CJ. En el segundo día de audiencia, a la sala fueron traídos el exdirector general del CJ David Guzmán y seis testigos, entre peritos criminalísticos, expertos en el cotejamiento de voces, en la extracción y materialización de información del Sistema de Gestión Documental del CJ (Siged), además de funcionarios de las subdirecciones de Control Disciplinario y Asesoría Jurídica y Normativa de la Judicatura.
El viernes 6 de diciembre último, en el tercer día de audiencia, el fiscal general subrogante avanzó con su presentación de la prueba con la intervención de tres peritos criminalísticos que realizaron informes sobre el estudio de documentos relacionados con el caso, el reconocimiento del lugar de los hechos y la materialización de un audio de la sesión del pleno del CJ en la que se conoció la denuncia contra Walter Macías.
La etapa de juicio en Independencia Judicial se instaló luego de más de cuatro meses de que fueron llamados a juicio Terán, Barreno y los exfuncionarios del CJ Milton A., Jessica Ch., Santiago C., Liberton C., Carlos G., Andrés J., Milton H., Katherine L. y Olga V.
La Fiscalía sostuvo que este caso se inició en el momento en que se formuló cargo por el delito de tráfico de influencias contra los aún vocales del CJ Maribel Barreno y Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jahyya. La causa recayó, por sorteo de ley, en manos de Macías, quien señaló el inicio de la instrucción fiscal para el 4 de mayo de 2023, lo cual no se dio porque los procesados “emprendieron varias conductas ilegítimas” destinadas a evitar que el magistrado asumiera el proceso.
Cuando Toainga termine con la presentación de su prueba, inmediatamente será el turno para intervenir en la diligencia de la Procuraduría General del Estado y el CJ, quienes actúan como acusadores particulares, y del exjuez Macías, quien asiste al juicio como víctima.
Concluidas las intervenciones de quienes acusan, deberían hacer uso de la palabra los abogados defensores de los once acusados.
Wilman Terán, como parte de su defensa, ha dicho que es inocente y que lo que se va a presenciar en este caso es un “show mediático”, “un circo montado contra la independencia judicial”. Para el extitular de la Judicatura, quien ya mantiene una pena de primera instancia de nueve años y cuatro meses por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis, los actos administrativos no pueden ingresar en la raya penal y, por lo tanto, en esta causa no existiría el delito que Fiscalía pretende probar. (I)