Con el testimonio de Andrés Almeida, exanalista de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ), arrancó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, la presentación de la prueba que mantiene para acusar al expresidente y la exvocal de la Judicatura, Wilman Terán y Maribel Barreno, respectivamente, y a nueve personas más de haberse juntado para, mediante suspensiones y destituciones, evitar que el entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías actúe dentro del caso Vocales.
La diligencia dentro del caso Independencia Judicial se instaló en la mañana de este miércoles, 4 de diciembre, más de cuatro meses después de que fueron llamados a juicio por el delito de obstrucción de la justicia Terán y Barreno, en calidad de autores, y los exfuncionarios del CJ Milton A., Jéssica Ch., Santiago C., Liberton C., Carlos G., Andrés J., Milton H., Katherine L. y Olga V, como cómplices.
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Toainga aseguró en su “alegato de apertura” que probará en la audiencia de juzgamiento que el expresidente Terán y la exvocal Barreno, con la colaboración de otros nueve entonces funcionarios de la Judicatura, desde su cargos dentro de la Función Judicial, mediante actos de intimidación, interfirieron en la libertad de actuación del entonces juez nacional Macías, abogado que actúa en la diligencia en calidad de víctima.
El fiscal general subrogante sostuvo que este caso se inició cuando se formuló el cargo por el delito de tráfico de influencias contra los aún vocales del CJ Maribel Barreno y Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jhayya. La causa recayó, por sorteo de ley, en manos del juez de la CNJ Walter Macías, quien señaló el inicio de la instrucción fiscal para el 4 de mayo de 2023, diligencia que no se dio porque a partir de ese momento los procesados “emprendieron varias conductas ilegítimas” destinadas a evitar que el magistrado asuma el proceso.
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El Tribunal de Juicio de la Corte Nacional está integrado por los conjueces temporales Olavo Hernández (ponente), Hernán Barros y Edison Cantos. Además de Toainga, los once procesados y sus defensores, en la sala de audiencia se encuentran de forma física los abogados de la Procuraduría General del Estado y del Consejo de la Judicatura, instituciones públicas que actúan como acusadores particulares.
“Sin independencia judicial, los derechos pierden valor, el Estado pierde su razón de ser y la sociedad pierde la confianza en el sistema de justicia”, señaló Toainga e insistió en que todo en este proceso gira en torno a un uso privativo y privilegiado del Poder Judicial con la finalidad de obstruir el ejercicio de la independencia de la justicia.
La respuesta de los acusados
El caso Obstrucción de la Justicia habla directamente de cómo Terán y Barreno, ayudados de los demás entonces funcionarios del CJ, trabajaron para, mediante amenazas de suspensión y destitución, impedir que el entonces juez nacional Walter Macías esté a cargo del denominado caso Vocales.
La instalación de esta audiencia llega a una semana de que Wilman Terán fuera sentenciado a nueve años y cuatro meses como colaborador de una estructura delictiva investigada en el caso Metástasis y a días de que varios de sus exasesores, procesados en el caso Pantalla, en sus testimonios anticipados hablaran de las ilegalidades e irregularidades cometidas por el entonces líder del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Wilman Terán en sus alegatos de inicio, pues él mismo ejerce su defensa, aseguró que es inocente y lo que se va a presenciar en este caso es un “show mediático”, “un circo montado contra la independencia judicial”. Desde su perspectiva, los actos administrativos no pueden ingresar en la raya penal y por lo tanto no existe el delito que la Fiscalía pretende probar.
Por su parte, Cristopher Gallegos, abogado de la exvocal Maribel Barreno, aseguró que su defendida está siendo procesada porque se abstuvo de votar en un tema relacionado con Macías y en ello no hay ilegitimidad alguna. El defensor ve casi imposible que la Fiscalía, con la prueba que cuenta, “enerve” el estado de inocencia que cobija a Barreno.
Por otro lado, los acusados como cómplices en la mayoría de sus alegatos de arranque deslindaron alguna responsabilidad penal, refiriendo que lo único que ellos hicieron fue responder ante una orden superior, la cual estaba enmarcada en un proceso administrativo.
El primer testimonio
Ya en su testimonio, el abogado Almeida, de 29 años, recordó que él en 2023 intervino en la elaboración de un proyecto de resolución para suspender al juez Walter Macías. Al ser consultado sobre la viabilidad de la suspensión, Almeida les habría dicho que, antes de cualquier decisión, lo que debería hacerse es someterse a un examen de admisibilidad. Este testimonio se entregó vía telemática desde Málaga, España, país en el que radica Almeida.
No se le habría hecho caso a su recomendación y se continuó con la elaboración de la resolución para suspender a Macías. Se habría construido un documento que fue corregido por el propio Terán, en medio de un ambiente de presiones realizadas por asesores de los entonces vocales y otras personas que Almeida no identificaba. Todo, según dijo, con el fin de que esa misma noche sea conocida la resolución por el pleno del CJ.
El propio Terán le habría pedido a él y a su inmediata superior, con quien estaba en el piso 14 del edificio matriz del CJ, en Quito, que todo lo que se deba en esa oficina debía ser manejado con total hermetismo, pues no quería que se filtre nada hasta el momento del pleno del organismo, en el que se iba a dar a conocer la resolución.
La Fiscalía solicitó al Tribunal, presidido por el conjuez Hernández, que acepte como prueba nueva los testimonios del exdirector de la Escuela de la Función Judicial del CJ Michael Hernández y del exfuncionario de la Judicatura José Andrés Marcillo. El primero es procesado por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Plaga, mientras que el segundo es testigo protegido en el caso Pantalla, en el que se analiza el delito de asociación ilícita.
El artículo 270.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del delito de obstrucción de la justicia, señala que será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años y multa de 24 a 40 salarios básicos unificados del trabajador en general, la persona que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio, interfiera en cualquier tipo de proceso judicial.
Durante esta primera jornada, el fiscal Toainga informó al Tribunal de Juicio que espera evacuar al menos 18 testigos y peritos, que forman parte de la lista anunciada durante la audiencia preparatoria de juicio.
Luego del receso, para la tarde de este miércoles, 4 de diciembre, la Fiscalía convocó al estrado a un perito experto en derecho administrativo para que exponga un informe técnico sobre el funcionamiento de los cuerpos colegiados. (I)