El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y la vocal Solanda Goyes se confrontan respecto del número de dependencias judiciales especializadas en materia constitucional que es un mandato popular aprobado en las urnas el 21 de abril de 2024 y publicado en el Registro Oficial el 9 de mayo del mismo año.
Los ecuatorianos en consulta popular definieron que es necesario crear nuevas dependencias judiciales que conozcan, sustancien y resuelvan sobre las garantías jurisdiccionales, pues actualmente todos los jueces son competentes en materia constitucional. Con el resultado de la consulta popular, las nuevas unidades judiciales deben empezar a operar a partir de mayo de 2025.
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La segunda pregunta de la consulta popular determinaba: ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
Frente a este mandato el presidente de la judicatura, Mario Godoy, plantea la necesidad de contar con las unidades judiciales distritales especializadas en lo constitucional, y salas distritales especializadas de lo constitucional de las Cortes Provinciales de Justicia de Pichincha y Guayas, que brinden cobertura judicial a todo el país.
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Propone la creación de trece jueces de primera instancia y 21 jueces de segunda instancia; estas unidades se ubicarán en Guayas y tendrán competencia en razón de territorio en once provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Zamora Chinchipe.
En Pichincha se plantea crear once jueces de primera instancia y 18 de segunda instancia con competencia en razón de territorio en las provincias de Imbabura, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua.
En lo referente a la operatividad de las unidades judiciales distritales especializadas en lo constitucional, la propuesta de Mario Godoy señala que estas deberán sujetarse indispensablemente a la disponibilidad de recurso humano, espacios físicos adecuados para la prestación de sus servicios y presupuesto; para tal efecto será necesaria la coordinación entre las direcciones provinciales con las direcciones nacionales de Planificación, Administrativa y Talento Humano.
Otra propuesta
La vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes plantea que cada provincia tenga al menos una judicatura especializada en garantías constitucionales en primer nivel, mientras que, para segunda instancia, las cortes se establecerán a nivel regional, conforme las zonas de planificación establecida.
Todo esto en razón de la movilización para interponer una demanda de garantías constitucionales; por lo tanto, dice que es crucial promover una distribución equitativa de los recursos judiciales, garantizar la movilidad y accesibilidad de los servicios, e implementar mecanismos de justicia que acerquen la protección de derechos a las comunidades más vulnerables.
Goyes destaca que de los registros de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, la carga procesal ingresada durante el año 2023 es de 640.000; de los cuales el 3,84 % (24.540 causas) son de materia de garantías constitucionales.
De los datos revelados, el 43 % del total de la carga procesal en materia de garantías jurisdiccionales ha ingresado a dependencias judiciales de las provincias de Pichincha y Guayas, mientras que el 57 % del resto de causas son del resto del país.
Por ello, su propuesta determina al menos un juez de primer nivel en las 24 provincias, pero se incrementa de acuerdo con las necesidades y demandas, por eso plantea que en Azuay se incremente a tres judicaturas especializadas en garantías constitucionales, ocho en Guayas y siete en Pichincha. Solanda Goyes sugiere que se nombre un juez adicional en Cañar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Loja y Manabí.
Para los jueces de segunda instancia se propone crear nueve zonas de planificación cada una con tres jueces aproximadamente.
Todo el presupuesto para la creación de estas unidades, según el planteamiento de la vocal Solanda Goyes, asciende a $ 18′716.226,53.
Además, propone que el concurso para la selección de jueces y juezas especializados en garantías constitucionales debe ser público y abierto, con parámetros que valoren la calidad y probidad de los postulantes, destinando todos los esfuerzos institucionales para lograr la selección de los mejores perfiles técnicos y éticos en justicia constitucional que permita enfrentar la problemática expuesta. (I)