Tribunal adelanta audiencia en la que se revisarán las medidas cautelares que mantienen Jorge Yunda y otros cuatro procesados por peculado

Los jueces provinciales de Pichincha José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Dilza Muñoz empiezan a darle otro ritmo al proceso penal por peculado que se le sigue al cesado alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otras trece personas a quienes la Fiscalía acusa del delito de peculado que supuestamente habría ocurrido en la Secretaría de Salud de Quito en la adquisición de pruebas PCR para la detección de COVID-19.

La causa no avanzaba con normalidad desde finales de septiembre de 2021, fecha en la que la diligencia de juzgamiento se suspendió debido a la recusación que presentó la defensa de Yunda contra el juez Fabián Fabara, parte del entonces Tribunal de Juicio. A Fabara los abogados del exalcalde de Quito lo acusaron de haberse mostrado parcializado en la causa y la recusación planteada por ellos quedó en firme recién a mediados de 2022.

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Una vez que Jiménez, Ávila y Muñoz se constituyeron como Tribunal de Juicio decidieron declarar la nulidad de todo lo actuado desde la convocatoria a la primera audiencia de juzgamiento desarrollada a partir del 29 de septiembre de 2021 y hace pocas semanas definieron que el 6 de septiembre próximo, a las 09:00, se daría la audiencia en la que se revisarán las medidas cautelares que pesan desde hace 28 meses sobre Yunda y otros cuatro procesados en esta causa.

Ahora, el Tribunal sostiene que con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los sujetos procesales la audiencia que estaba señalada para el 6 de septiembre se adelanta para el lunes 10 de julio próximo, a las 14:00. Se aclara que la diligencia se dará de forma presencial en la sala 12 del cuarto piso de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el norte de Quito.

Desde febrero de 2021 Yunda cumple las medidas de presentación periódica cuatro veces por semana, el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Medidas similares tienen los procesados Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito; Erick Andrade, Marco Antonio Rubio y Paola Cárdenas y ante ellos piden que se las revise.

Otra decisión adoptada por el Tribunal fue negar la petición de aclaración hecha por el procesado Marco Antonio Rubio sobre una providencia del 18 de mayo de 2023, en la que se declaró nula la audiencia de juicio. Con la resolución la etapa de juicio contra las 14 personas procesadas por peculado volvió a cero, es decir, tanto la Fiscalía, el Municipio de Quito, como acusador particular, y las defensas de los acusados deberán volver a presentar la prueba pericial, testimonial y documental que confirman las teorías del caso que se manejan desde cada uno de los sujetos procesales.

El exalcalde Yunda y otras trece personas son acusadas de cometer un peculado, el cual habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19, en plena pandemia, por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

La fiscal provincial de Pichincha encargada, Ruth Amoroso, envió un escrito al Tribunal de Juicio en el que señala que es evidente que la presente causa ha tenido varios incidentes que han tomado su debido tiempo en ser solventados. Las enumeró recordando las recusaciones presentadas en contra de dos magistrados, la suspensión del proceso por efecto de la protección del artículo 108 del Código de la Democracia a favor de Jorge Yunda, quien fue candidato en el último proceso electoral.

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De igual forma anotó a la Sala de Juicio que los requerimientos planteados por los demás sujetos procesales han sido despachados oportunamente por este Tribunal, incluyendo la revisión de las medidas cautelares dictadas.

“La Fiscalía de Pichincha no evidencia pueda encontrarse vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y menos aún que se encuentre dilatándose el desarrollo normal de la presente causa, pues los incidentes presentados han sido producto del ejercicio directo de los derechos que les asisten a los sujetos procesales y cuya obligación recae en los jueces en calidad de garantistas proteger que no sean vulnerados. En conclusión, señores jueces, la Fiscalía se encontrará dispuesta a la comparecencia a la audiencia de juzgamiento en la fecha que se sirvan señalar con la anticipación debida, tomando en cuenta el volumen de prueba anunciada por los sujetos procesales, la complejidad del caso y el número de ciudadanos procesados a quienes se les debe garantizar el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa”, señala en su escrito la fiscal Amoroso. (I)