Tesis de grado de la fiscal general Diana Salazar será analizada por una Comisión de Auditoría Académica de la Universidad Central del Ecuador

Una Comisión de Auditoría Académica se conformó en la Universidad Central del Ecuador (UCE) para analizar una denuncia de supuesto plagio en la tesis de grado con el cual la fiscal general Diana Salazar obtuvo su diploma como abogada en el 2005. La decisión fue adoptada días después de que la institución superior recibió un pedido para que se haga una investigación inmediata por el plagio en la tesis de la fiscal general. La solicitud fue hecha por la organización Acción Jurídica Popular, de la cual es parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, sentenciado a tres años de cárcel por ser el autor del delito de abuso sexual.Los denunciantes creen que se le debe revocar a Salazar el título de doctora en Jurisprudencia, pues su tesis aunque fue calificada 9/10, tendría “más del 40 % de plagio”. Salazar, quien fue la funcionaria que llevó la acusación penal contra Carrión y en la que se ha ratificado la condena de cárcel en dos instancias en la Corte Nacional, presentó el título cuestionado en el concurso para fiscal general que ganó en 2018 y por el que fue posesionada en 2019.El rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, explicó que será la conformada Comisión de Auditoría Académica la que informe al Consejo Universitario de la UCE, y será esta instancia la que se pronuncie sobre la base del informe que se entregue. Se cree que la comisión podrá demorar cerca de un mes para analizar el caso y emitir un informe con las respectivas conclusiones. “Es importante que se considere que esta es una tesis elaborada en el 2005, por lo tanto el examen del texto de la tesis tiene que retrotraerse al momento al cual la tesis fue elaborada y a la normativa que estaba vigente entonces”, aclaró Sempértegui. Para la Fiscalía, la denuncia proviene de personas inescrupulosas que intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones buscan su salida del cargo y tienen el único afán de generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración, durante el cual se han obtenido grandes resultados en contra de la criminalidad, evitando que casos como Sobornos, Carrión o Las Torres queden en la impunidad “.Mediante un comunicado, el 18 de mayo pasado, desde la Fiscalía se denunció lo que se dijo parece ser un “intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación de la máxima autoridad” de la Fiscalía General de los archivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).Justamente en el CPCCS el colectivo Acción Jurídica Popular presentó también un pedido para que se convoque a una audiencia pública en la que ellos expondrían los hallazgos del “plagio de la tesis de la Fiscal General y la falta de calidad académica del libro que le sirvió como mérito” a Diana Salazar para llegar a ser la titular de la Fiscalía. La solicitud llegó poco después de que los integrantes del nuevo CPCCS se posesionaran en sus cargos. El pedido inicial fue que ese organismo les facilite información sobre las notas obtenidas por Diana Salazar en el concurso con el que se le designó fiscal general. El CPCCS tiene como nuevo presidente a Alembert Vera, abogado que ha representado al expresidente Rafael Correa y al exministro Walter Solís, ambos con una sentencia en firme por el delito de cohecho pasivo agravado, parte del caso Sobornos. Salazar calificó de difamaciones lo señalado por sus denunciantes en redes sociales. En su cuenta de Twitter escribió: “Aclaro a la opinión pública que no son más que nuevos intentos de manchar casos sentenciados y así conseguir impunidad. Aquí está la prueba. Seguiré haciendo mi trabajo”. En el mensaje se incluyó una imagen con datos que aparentemente desvirtúan la existencia de un plagio.El 17 de mayo pasado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, horas después de que firmó el Decreto Ejecutivo 741 con el que definió la muerte cruzada, disolvió la Asamblea y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque inmediatamente a elecciones anticipadas dijo que la decisión de disolver el Legislativo fue para detener un plan en el que primero venían por él, luego por la fiscal Diana Salazar, y por las cabezas de otras instituciones del Estado. “Al haber disuelto la Asamblea Nacional ha perdido efectividad este macabro plan”. El titular del Consejo de Participación ha dicho que “hay que ser bastante ignorante para pensar que desde este CPCCS se puede destituir a una funcionaria pública y peor a la fiscal general del Estado”. Una tercera denuncia respecto al presunto plagio fue planteada en el Consejo de la Judicatura. Allí Acción Jurídica Popular pide que el pleno del órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial realice un análisis de los elementos de prueba anexados en su denuncia para que suspenda y destituya a Salazar del cargo de fiscal general. No ha trascendido aún cuál es el tratamiento que la Judicatura estaría dando al pedido. El tema de la tesis de la fiscal general Diana Salazar saltó al ojo público hace algunos meses con el pedido hecho por la entonces legisladora del correísmo Ana María Raffo. Ella buscaba recabar información relacionada a la tesis de Salazar en la universidad en la que la fiscal general se graduó como doctora. Desde la Fiscalía se afirmó que al no encontrar rastros de irregularidades en la presenta administración, el “hostigamiento” habría escalado al nivel de entrometerse en la vida personal de la fiscal general, recordando la solicitud realizada por Raffo, “aún sabiendo que la hoja de vida es pública”. (I)

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