Yadira Saltos Rivas y Nicole Bonifaz López, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) proponen que se convoque a una sesión extraordinaria para conocer el auto de aclaración y ampliación dictado por la Corte Constitucional (CC), en medio de la disputa por la designación de un titular de la Superintendencia de Bancos.
En un oficio dirigido a Andrés Fantoni Baldeón, presidente del CPCCS, Saltos y Bonifaz le piden que se convoque a una sesión extraordinaria para mañana (26 de enero de 2025) a las 09:00 para poner en discusión el auto de aclaración y ampliación de la Corte Constitucional relacionado con los conflictos en la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
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“Por tratarse de un asunto de relevancia nacional, pedimos a usted, señor Presidente, convoque a sesión extraordinaria para el día domingo, 26 de enero de 2025, a las 09h00, que deberá ser transmitida por cualquier medio de comunicación institucional u oficial, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día: Conocimiento del Auto de aclaración y ampliación emitido por la Corte Constitucional del Ecuador el 24 de enero de 2025, dentro de la causa 372-23-EP, y resolución”, señala el escrito suscrito el 24 de enero y firmado por las consejeras.
El objetivo sería reconsiderar su votación, respecto de la decisión de ratificar a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos.
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Fantoni no ha dispuesto la convocatoria a una plenaria, por este pedido que se produce tras dos hechos ocurridos este viernes.
La mañana del 24 de enero, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía General allanaron las oficinas del Consejo de Participación en Quito para recabar indicios por la denuncia de un presunto delito de usurpación y simulación de funciones y por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Al caso lo bautizaron ‘Ligados’, en tanto, Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor son afines al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) que los auspició electoralmente bajo el mote de los candidatos de ‘la liga azul’.
La investigación ocurrió luego de que en una plenaria del miércoles último, por una moción del consejero Augusto Verduga se dio por conocida una sentencia de la CC sobre una acción extraordinaria de protección que interpuso Raúl González Carrión, quien fue designado superintendente de Bancos por el CPCCS en julio del 2022.
Sin embargo, con una acción de protección planteada por una mujer identificada como Michelle Guerra, que alegó la afectación de sus derechos y la de los “los ecuatorianos”, los jueces en primera y segunda instancia anularon su designación.
Entre el 2022 y 2024, el CPCCS volvió a designar una autoridad de ternas enviadas por Guillermo Lasso Mendoza y Daniel Noboa Azín, que recayeron en Roberto Romero von Buchwald, aunque la Asamblea Nacional no lo posesionó en su cargo.
La Corte Constitucional aceptó parcialmente el recurso de Raúl González y declaró improcedentes las sentencias que anularon su elección, pero aclaró que su sentencia “no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
Con ese precedente, Verduga alegó que correspondía reconocer el derecho de Raúl González, pues la designación de Romero no fue consolidada, porque no se posesionó.
Con los votos de él, de Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor se resolvió devolver al “estado anterior de las cosas, esto es, a la situación jurídica consolidada originada en virtud de la designación de Raúl Agustín González Carrión, como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”, ya que fue posesionado por la Asamblea el 11 de agosto de 2022.
Horas después, el CPCCS denunció la desaparición de su portal de YouTube en el que se resguardan las sesiones de pleno y este viernes la Fiscalía allanó sus oficinas y recabaron dispositivos electrónicos, incluidos los del vocal Augusto Verduga.
De forma paralela, la Corte Constitucional negó un recurso horizontal de aclaración y ampliación que planteó González y activó la fase de seguimiento al cumplimiento de su sentencia en el que se analizará la conducta de los siete consejeros de forma individual y de constatar que fue incumplida, podría disponer como sanción la destitución de las autoridades. (I)