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Por el delito de asociación ilícita son investigados tres exconsejeros que integraron la Liga Azul y una actual consejera de Participación Ciudadana.
El 24 de enero pasado, dentro de un allanamiento realizado en el Consejo de Participación se incautaron dos celulares del hoy exconsejero Augusto Verduga.
Desde el 15 de marzo pasado está abierta una instrucción fiscal que durará 90 días, en la que se investigará el delito de asociación ilícita.
El pedido de enjuiciamiento de la bancada gobiernista ADN no pasó el primer filtro en el Consejo de Administración Legislativa.
La Fiscalía en el caso Liga2 investiga una asociación ilícita que se habría gestado desde el Consejo de Participación Ciudadana para cooptar instituciones.
De los cuatro procesados en Liga2, dos se encuentran en Ecuador; mientras que Augusto Verduga y Yadira Saltos salieron del país en enero y marzo.
La Fiscalía en el caso Liga2 acusa a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y NicoleBonifaz como autores directos del delito de asociaicón ilícita.
Entre los cuatro investigados por asociación ilícita en Liga2 están tres integrantes de la llamada Liga Azul: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco.
Desde el 15 de marzo pasado, tres exintegrantes del Consejo de Participación y una actual consejera son investigados por el delito de asociación ilícita.
Siete de estas entidades ya habían sido incluidas en una alerta de la Superintendencia por el mismo motivo en febrero pasado.
Los chats del celular de Augusto Verduga revelan una presunta trama de estrategias políticas y jurídicas que manipulaban la designación de cargos públicos.
Según lo recabado por la Fiscalía, Nicole B., Eduardo F., Sócrates V. y Betsy S. estarían implicados en el presunto delito de asociación ilícita.
Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz conformaron una mayoría y ratificaron a Raúl González en la Superintendencia de Bancos.
La mesa, presidida por Inés Alarcón (ADN), no descartó que tras la investigación se recomiende un juicio político a Nicole Bonifaz, consejera del CPCCS.
En Ecuador se trabaja para hacer frente a este delito que se deriva de varios factores, entre ellos la falta de acceso a crédito.
Son 32.000 clientes los que entrarán al proceso de devolución. Estos son los tiempos de este.
Entidad estaba en supervisión desde septiembre del 2023. Superintendente indica que hubo una “deficiente gestión de administradores”.
Tampoco se ha resuelto la actuación de tres exconsejeros y una en funciones tras la pugna por el control de la Superintendencia de Bancos.
Con las entidades se trataron temas como la capitalización de utilidades, optimización de recursos, seguridad informática y el acceso a financiamiento.
La Superintendencia de Bancos alertó sobre estas empresas para evitar que la ciudadanía sea víctima de estafas.