Sentenciados en su mayoría prófugos o fuera de la cárcel gracias a acciones constitucionales o beneficios penitenciarios y una recuperación mínima de cerca del 6,5 % ($ 10 millones) de un total de $ 153 millones definidos como indemnizaciones económicas son la radiografía de catorce casos penales en los que hay un proceso de recuperación del Estado al existir fallos judiciales en firme por actos de corrupción que han afectado al país.