Reformas y nuevas leyes deberán aflorar de los compromisos asumidos por el Gobierno y los movimientos sociales

Consecuencia de los 218 acuerdos de las mesas de diálogo, el Gobierno y los movimientos Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se comprometieron a iniciar un camino para elaborar reformas a leyes vigentes y la construcción de nuevas para que sean tratadas por la Asamblea Nacional .Tras 90 días de diálogo, cuya génesis fue el paro nacional de junio pasado, este 14 de octubre se suscribió un acta que puso fin al trabajo de diez mesas técnicas conformadas para atender el mismo número de demandas de los colectivos sociales, que se transformaron en 218 consensos en política pública que deberán ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo.Entre esas acciones y a largo plazo está el de trabajar en al menos ocho proyectos de ley y reformas en materia extractiva y de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.De las actas suscritas por cada mesa técnica, fueron las de seguridad, justicia y derechos; de energía y recursos naturales; y, de derechos colectivos que culminaron con este tipo de acuerdos.Sobre seguridad, justicia y derechos se resolvió elaborar una ley para la “revisión de la institucionalidad” del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) con el objetivo de que sea un servicio público de relevancia.Otras dos leyes deben crearse para viabilizar la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental, que se desprenden de la Constitución del 2008 y que después de catorce años de su aprobación, la Función Legislativa no las ha emitido.Es el artículo 57 de la Carta Política, numeral 7, sobre los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Esta consulta que deben realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna y si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada se procederá conforme a la Constitución y la ley.Respecto de la consulta ambiental, en el artículo 398 se determina que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.En el acuerdo suscrito se menciona que esta norma debe someterse a consulta prelegislativa, pues en el numeral 17 del artículo 57, se señala que los pueblos y nacionalidades deben ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.La elaboración de estos cuerpos legales se trabajará en una mesa técnica que iniciaría su trabajo desde el próximo 25 de octubre y se pide la participación de un asesor de la Relatoría para pueblos y nacionalidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Será la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), como garante de estos diálogos, la que determinará la metodología y los participantes, señala el acta.De la mesa de energía y recursos naturales se desprendió la elaboración de un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la de Minería, que estarían enfocadas en regular estas actividades y que no afecten a los territorios ocupados por comunidades indígenas.Otra propuesta es construir una nueva ley orgánica de Petroecuador, que empezaría a elaborarse cuando haya concluido las de Hidrocarburos y Minería.Asimismo, se comprometieron a trabajar en un paquete de reformas a la Ley orgánica para la planificación integral de las Circunscripciones Territorial Especial Amazónica, para lo que a la par se plantea que el presidente de la República emita el decreto ejecutivo que permita reformar el reglamento a la ley, en lo relacionado a la Secretaría Técnica Amazónica y para la priorización de los porcentajes que se destinen al fondo común.En la mesa de derechos colectivos uno de los acuerdos fue el de elaborar un proyecto de reglamento para constituir un Consejo Plurinacional de Educación Pluricultural Bilingüe y Etnoeducación, que será presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su aprobación y con ello que se encargue de seleccionar a sus miembros.Como parte de la mesa de focalización de los subsidios a los combustibles, se plasmó un acuerdo para que los vehículos no matriculados se formalicen.Este proceso estará a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que en el plazo de un año planificaría mecanismos como planes de pago y condonación de deudas para los usuarios.Para llevar a cabo esto, el régimen deberá construir una “ley emergente” que regule los mecanismos y casos para la condonación de las deudas, cita el acta suscrita este 14 de octubre.Los términos sobre los que se acordó la elaboración de reformas y nuevas leyes son generales y no detallan las especificidades o qué se busca con ellas.Pero será en la instalación de las nuevas comisiones técnicas en donde se iniciará esta tarea, como un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos fijados.Este miércoles desde las 09:00, en la sede de la Conferencia Episcopal arranca una segunda fase como parte de este proceso, que implica la conformación de una comisión y cuyo encargo será el de dar seguimiento a que se desarrollen los acuerdos, lo que requerirá de la integración de otros grupos de trabajo para los distintos objetivos.En este caso, el acta final de las mesas de diálogo recogió una metodología que determina crear comisiones técnicas para temáticas a largo plazo y que implicarán trabajar con otra función del Estado como es la Asamblea Nacional.El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, cayó en cuenta que después de estos tres meses de conversaciones, la agenda de acuerdos alcanzó a otras funciones del Estado y entre ellas a la Legislatura, por lo que exhortó a los presidentes de la Feine y Fenocin a unirse para exigir que esta institución trabaje en esos proyectos.“Hay una agenda legislativa en reformas con cuerpos legales y en los siguientes días se solicitará a la Asamblea Nacional dar trámite con urgencia a lo que ha salido de las mesas de diálogo”, anunció Iza el viernes, en el acto de cierre que se efectuó en la Universidad Católica en Quito.Luis Mullo, dirigente de la Fenocin, aclaró que después de estos diálogos se inicia una “ardua tarea”, como es la de dar seguimiento a los acuerdos y entre estos la construcción de leyes sobre las que el Gobierno “como colegislador” debe impulsarlas.Pero también hizo un llamado a los legisladores para que den respuesta. “Principalmente a quienes profanan que son del pueblo, queremos verlos trabajar en las propuestas de ley. Durante el paro de junio muchos de ellos se quedaron escondidos y vamos a insistir y exigir y deben responder a estos procesos de lucha. Ellos deben estar primeros en este proceso impulsando y dando todas las facilidades”, opinó.El presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, cree que los legisladores, sobre todo del ala de Pachakutik (PK), brazo político de la Conaie, deben “aterrizar para atender las necesidades del pueblos”. “Ellos llegaron a legislar y proponer leyes y como dirigentes de la Ecuarunari vamos a estar muy pendientes de su trabajo, vamos a hacer una fuerte presión y exigiremos que trabajen”, manifestó.Es así como para la primera semana de noviembre, las bases de la Conaie mantendrán una asamblea nacional en Quito para evaluar los resultados de las mesas técnicas y a la que serán convocados los asambleístas para que escuchen lo que se trabajó y cuál será su responsabilidad en dar continuidad a los acuerdos. “Nuestros asambleístas deben y tienen el derecho y la obligación de asistir a la asamblea anual para conocer los resultados y en ese sentido exigiremos que trabajen”, añadió Ainaguano. (I)

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