La audiencia de formulación de cargos por el delito de paralización de servicio público que se sigue en contra del dirigente indígena Guido Perugachi se suspendió debido a la falta de un informe antropológico enmarcado en el procedimiento de diálogo intercultural que le correspondía presentar a la Fiscalía General.
Pasadas las 09:30 de este 8 de mayo de 2026, la jueza de la Unidad Judicial de Ibarra (Imbabura), Raquel Maza, instaló la audiencia solicitada por la Fiscalía para formular cargos contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Negras y Campesinas (Fenocin), sospechoso del delito de paralización de servicio público.
La investigación se enmarca en los hechos ocurridos durante el paro nacional de septiembre y octubre de 2025 al que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y que se extendió durante un mes en la provincia de Imbabura.
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Maza convocó para este viernes a la audiencia y, aunque la instaló, la suspendió para una próxima fecha, debido a que no se cumplieron disposiciones emitidas por la Corte Constitucional (CC) relacionadas con el protocolo para el diálogo intercultural para la Función Judicial.
Se hizo un llamado de atención a la Fiscalía, pues pese a que conocían que Perugachi es parte de una comunidad indígena de Cotacachi (Imbabura) denominada Perafán, no se hicieron los informes periciales y otras diligencias que encuadren con el procesamiento a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades.
La jueza declaró “iniciado el diálogo intercultural” y concedió un plazo de diez días para que la Fiscalía informe si cuenta con los formularios antropológicos que son de carácter obligatorio.
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“(...) Se dispone a la Fiscalía cumplir con el protocolo para la aplicación del diálogo intercultural, esto es, realizar el informe o informes que se crean necesarios”, expresó la jueza.
El personal de Fiscalía que asistió a esta audiencia justificó que en las diligencias anteriores se había solicitado a la parte acusada que justifique que pertenece a una comunidad indígena con un documento, lo que no había ocurrido, por lo que no se dio paso al diálogo intercultural.
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Maza, en una providencia emitida el 7 de mayo, resolvió declarar el “saneamiento y nulidad” de lo actuado durante una primera audiencia de formulación de cargos que se realizó en abril pasado en contra de Perugachi y que la presidió la jueza Silvia Morales Guamán.
Esta última se excusó de continuar la causa por un conflicto de interés, por lo que se sorteó de nuevo la causa y recayó en el despacho de Maza, quien admitió que no tiene conocimiento de las actuaciones anteriores.
Guido Perugachi es sospecho del delito de paralización de servicio público en la que habría “participado activamente”, según la acusación de Fiscalía.
Se lo responsabiliza de instigar a la población de esa provincia a paralizar servicios públicos, cerrar vías, intimidar a los comerciantes, afectar la infraestructura pública, incluyendo sistemas de agua potable y actividades educativas.
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Adicionalmente, es sospechoso de haber incitado a los manifestantes con expresiones amenazantes y promover el cierre forzado de locales comerciales, obstaculización de vías públicas, daños a edificios públicos, además de retener a policías y militares. (I)