Para este 8 de mayo, desde las 09:30, está prevista la instalación de una audiencia de formulación de cargos por el delito de paralización de servicio público, en el que es sospechoso el dirigente indígena Guido Perugachi.
La jueza que debía presidir la diligencia, a Morales Guamán, se excusó por lo que se escogió por sorteo a la jueza Mery Maza Puma, quien ratificó la fecha de audiencia.
El proceso tiene origen en las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de las protestas de movimientos indígenas que se produjeron entre septiembre y octubre del 2025 en Imbabura, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel que dispuso el Gobierno de Daniel Noboa.
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El accionado es Guido Perugachi, dirigente indígena que actualmente es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
En abril pasado se instaló la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra (Imbabura), en la que actuó la jueza Morales Guamán, que citó para el 8 de mayo.
Pero, a último momento, se excusó de continuar con el conocimiento debido a que el abogado de un sospechoso relacionado con el caso es su hijo.
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Según relata en una providencia, en las últimas horas, Fernando Mera Morales, abogado defensor de Néstor Tito Yánez, este último sospechoso de instigación, informó a la jueza que se percató de que el caso de su defendido se acumuló al de paralización de un servicio público en el que es sospechoso Perugachi y del que avocó conocimiento la jueza Morales.
Por lo que ella de inmediato se excusó de continuar.
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Guido Perugachi, dirigente indígena y actual presidente de la Fenocin, es sospecho del delito de paralización de servicio público en la que habría “participado activamente” en las movilizaciones de septiembre y octubre del año anterior, de acuerdo con la acusación fiscal.
Se lo acusa de instigar a la población de esa provincia a paralizar servicios públicos, cerrar vías, intimidar a los comerciantes, afectar la infraestructura pública, incluyendo sistemas de agua potable y actividades educativas.
Adicionalmente, es sospechoso de haber incitado a los manifestantes con expresiones amenazantes y promover el cierre forzado de locales comerciales, obstaculización de vías públicas, daños a edificios públicos, además de retener a policías y militares.
El fiscal Washington Burbano, quien lleva la causa, lo imputó por el delito tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es paralización de servicio público, y como elementos de convicción presentó informes policiales, periciales, reportes del ECU 911, fotografías y testimonios indirectos.
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La jueza observó que en esta audiencia —que se realizó el 20 de abril de 2026— Perugachi no compareció, tampoco delegó un abogado privado y el defensor público asignado no pudo contactarse con las partes procesales.
Decidió suspender la audiencia para el 29 de abril, ya que de continuar en ausencia, podría afectarse el derecho a la defensa de Perugachi.
Un día antes, el 28 de abril, Perugachi se dio por notificado y remitió un escrito en el que pidió a Morales que difiera la audiencia porque su abogado tenía otro caso que atender.
Por ello, se reagendó para este 8 de mayo.
En contexto
En septiembre del 2025, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, llamó a las bases a plegarse a un paro nacional en sus territorios para rechazar la política económica de Daniel Noboa.
Las manifestaciones se concentraron en Imbabura por un mes y se caracterizaron por enfrentamientos con miembros de la fuerza pública, el bloqueo de carreteras y afectación a la economía local.
Hubo decenas de detenidos, entre ellos, los ‘Doce de Otavalo’, que estaban siendo procesados por el ataque y resistencia bajo un concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno, luego de actos violentos que se provocaron el 22 de septiembre de 2025, cuando se atacó al Comando de la Policía de Otavalo con piedras, palos, bombas molotov. (I)
