Prohibición de uso de celulares en la segunda vuelta es cuestionada por políticos que piden al CNE garantizar transparencia

Tras la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe los dispositivos celulares en el momento de ejercer el derecho al voto durante las elecciones de segunda vuelta del próximo 13 de abril, las reacciones y cuestionamientos de varios políticos, autoridades seccionales y legisladores no se hicieron esperar.

Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia del Guayas, a través de su cuenta de X señaló que se trataba de un “día oscuro para la democracia ecuatoriana”. Esto ya que, a su criterio, el CNE había cedido ante las presiones y llevado a cabo algo que pone en tela de juicio la transparecia electoral. También hizo un llamado para que todos los ciudadanos acudan a las urnas y hagan escuchar su voz.

Por su parte, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, calificó la medida de inaudita, ya que, desde su perspectiva, se trata de una “ruptura definitiva del régimen democrático en Ecuador“. Veloz indicó que es una medida sin antecedentes y que el CNE debe ”garantizar la transparencia en el proceso electoral“, esto porque la prohibición sería una evidencia de que se intenta fabricar un fraude electoral en beneficio del candiato-presidente, finalizó la presidenta del Legislativo.

El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, por su parte, dijo que el derecho a elegir que tienen los ciudadanos debe ser ejercido en libertad y sin ser menoscabado. Luego calificó la decisión de “absurda” ya que el CNE, según su punto de vista, debe velar por la “la libertad del sufragio, la imparcialidad y la transparencia del proceso”. En ese sentido, para Orlando, la disposición del CNE es un episodio triste para la democracia. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse a sufragar para defender sus derechos.

Otra de las opiniones la esgrimió el prefecto de la provincia del Azuay, Jota Lloret Valdivieso, quien mencionó que la medida atenta al marco constitucional y jurídico ecuatoriano y emitió un cuestionamiento al CNE: “¿Por qué no quieren que se transmitan las actas de los resultados electorales?”.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5) Jhajaira Urresta escribió en su cuenta de X que Ecuador está bajo dictadura. Señaló, también, que Diana Atamaint, presidenta del CNE, violentó el Código de la Democracia y la participación ciudadana. Además, indicó que el CNE era el juguete de Daniel Noboa.

Ana Galarza, legisladora independiente, calificó la medida de gravísima y se dirigió, especialmente, a la medida de no permitir celulares durante la etapa de escrutinio. A continuación emitió cuestionamientos: “¿Por qué? ¿Acaso alguien quiere hacer fraude y que nadie pueda reclamar o tener evidencias? ¿Cómo van a hacer el control electoral las organizaciones políticas? (...) ¿Es legal hacer esto?“.

Galarza señaló que la medida perjudica a las dos organizaciones que se disputan la segunda vuelta. Después, comparó al Gobierno ecuatoriano con el venezolano: “Ni Maduro se atrevió a tanto“. Finalmente, presumió que una de las organizaciones que participan en el balotaje estaría interesada en cometer fraude.

De parte del Gobierno y a favor de la medida se pronunció el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado en el que aplaudió la disposición, ya que “fortalece la seguridad de los ciudadanos en el proceso electoral, diciéndole NO al voto extorsionaso, NO al ‘voto vacunado’, NO al voto coaccionado”.

Mientras tanto, la Bancada Ciudadana, que es la manera en que se autodenominan los legisladores de la RC5, argumentó que Daniel Noboa “ha cruzado los límites” y que, más allá de prohibir los celulares en la jornada electoral, lo criticable era el impedimento de toma de fotografía durante el escrutinio. También presumen que el CNE estaría sometido a los interese de Noboa, ya que consideran que los consejeros de la entidad serían afines al régimen.

La decisión de la prohibición fue tomada la noche del 13 de marzo de 2025. La discusión acerca de si era necesario o no prohibir los celulares en las elecciones nació de una denuncia realizada por Noboa en febrero de 2025, cuando relató que muchos electores habrían sino víctimas de extorsiones por parte de delincuentes para votar a favor de la candidata opositora.

El CNE, en un comunicado publicado después de la sesión en la que se tomó la decisión, informó que la medida se tomó por los informes de inteligencia policial que indicaron la existencia de extorsiones a los votantes que afectaron la libertad de elección de los ciudadanos en los comicios de primera vuelta. (I)