La pugna por la posesión de Raúl González como superintendente de Bancos pone en riesgo el diálogo anunciado entre el Ejecutivo y Legislativo, en medio de amenazas de pedir la destitución de los 70 legisladores que no observaron la acción de protección dictada por la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, que anuló la designación del funcionario.