A representantes de organizaciones civiles y no gubernamentales les causa preocupación una estrategia de la Secretaría de Integridad Pública, que establece ciertos parámetros para su funcionamiento, porque consideran que podría dar cabida a intervenciones y limitaciones por parte del Gobierno al trabajo que realizan. Además, critican que la iniciativa no fue previamente consultada ni divulgada para su elaboración.