Nueve fuerzas políticas que integrarán la Asamblea Nacional se unieron en un comunicado para exigir al presidente Guillermo Lasso recursos para instalar al nuevo Parlamento. El documento fue difundido la noche del jueves 26 de octubre y emplea un tono enérgico contra el primer mandatario y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena.

Se critica que el Ejecutivo haya emitido directrices que limitan el gasto público para el último trimestre del año. Entre otras disposiciones se restringe la contratación de personal, así como ciertos gastos. Las medidas fueron expedidas el 23 de octubre y son de obligatorio cumplimiento para todas las funciones del Estado, incluyendo a la Función Legislativa.

“Las decisiones han sido erráticas; han incrementado el gasto corriente y la burocracia en $ 1.500 millones este año y a pocos días de terminar el periodo intentan corregir su despilfarro y su inútil gestión económica. Las apresuradas “Directrices para el Gasto Público” dictadas por el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, intentan impedir la instalación de la Asamblea Nacional e irrespetan de manera flagrante el mandato ciudadano otorgado en las urnas tanto el 20 de agosto como el 15 de octubre del año en curso, con el fin de boicotear la transición inmediata y prolongar innecesariamente su gobierno”, dice el documento.

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El comunicado fue suscrito por: Actuemos, Avanza, Construye, Gente Buena, Partido Social Cristiano (PSC), Partido Sociedad Patriótica (PSP), Renovación Total (Reto), Revolución Ciudadana (RC) y Suma.

No firmó el texto la bancada de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente electo Daniel Noboa, que tiene 14 legisladores.

Las organizaciones que reclaman al Gobierno sostienen que “las restricciones impuestas a la Asamblea Nacional son un irrespeto a otra función del Estado y un claro intento de boicot a la urgente instalación del Legislativo, paso previo a la posesión del nuevo presidente de la República”.

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Señalan que se busca “entorpecer y prorrogar el inicio de gestión de las nuevas autoridades”. Además afirman que el oficio expedido por el Ministerio de Finanzas “carece de jerarquía normativa”.

“Las fuerzas políticas aquí firmantes: exigimos al Gobierno que detenga esta y otras decisiones de última hora. No entorpezcan la transición que espera el país y respeten la autonomía de la Asamblea Nacional como función autónoma dentro del Estado ecuatoriano”, finaliza el comunicado.

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Se estima que la sesión inaugural del nuevo Parlamento sea el 20 de noviembre, para lo cual se requieren $ 5,5 millones.

En tanto, la posesión del presidente electo Daniel Noboa se prevé para 15 días después, indicó el jueves la asambleísta nacional más votada, Pierina Correa, que pertenece al movimiento Revolución Ciudadana, tras una reunión con el administrador temporal, Miguel Pesántez, donde se habló sobre el plan operativo a implementarse para instalar la sesión y de la necesidad apremiante de contratar al menos 60 personas. (I)